El Gobierno ve en la sentencia de las EPSV un intento “recentralizador”
El PNV señala que “no cree” en el Estado autonómico tras el fallo del Constitucional
La resaca de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) en contra de ocho párrafos de la Ley de Entidades de Previsión Social (EPSV) hizo subir un peldaño el enfrentamiento entre el Gobierno vasco y el central. El fallo judicial empieza a colmar la paciencia del Ejecutivo y del propio PNV que aprecian una campaña de recortes del Estatuto a través de leyes básicas o como en este caso a través de recursos judiciales al Constitucional que acaban cercenando las competencias exclusivas, y que convierte en poco creíble el actual diseño del Estado de las Autonomías. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, también presidente de la EPSV de empleo de los funcionarios autonómicos Itzarri (que no está afectada por la sentencia), aseguró tras el Consejo de Gobierno que la ley es de 1983 y que en estos 30 años “nadie ha puesto en cuestión” el modelo.
El Gobierno explica este hecho en que “ha habido una actuación del legislador básico limitativa de la competencia autonómica que ahora viene a sancionar el TC y que impedirá que, a partir de ahora, el legislador vasco pueda regular estas cuestiones de estas maneras”. Varios grados más contundente que Erkoreka fue su sucesor en la portavocía del grupo del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que habló de que este fallo es la “gota que acaba de desbordar el vaso” y sentenció que su partido “no cree” directamente en el Estado autonómico a raíz de este episodio. Esteban resaltó que la ley de las EPSV fue aprobada por “unanimidad” y con el apoyo del PP. El portavoz del Gobierno concluyó: “nos encontramos, una vez más con una competencia del Estatuto que queda constreñida. A esto nos referimos cuando hablamos de un Estado que evoluciona, con el paso del tiempo, hacia la limitación de competencias autonómica y hacia una centralización cada vez más patente”, zanjó.
El lehendakari Urkullu
El de las EPSV es uno más de los conflictos judiciales abiertos entre el Gobierno central y el vasco, una relación a través de los tribunales que empieza a exasperar al Ejecutivo de Vitoria. Hace dos semanas este elevó el tono ante un recurso judicial contra el decreto de reconocimiento a las víctimas policiales, hace una semana sumó una nueva ley estatal, la de Acción Exterior, a su listado de invasiones competenciales y, como colofón, el lehendakari Urkullu habló de “hartazgo” de su equipo ante la “obstrucción” del Gobierno central a su gestión. Las EPSV han sido también una de las peleas entre ambos gobiernos —primero el de Patxi López y después el de Urkullu, ambos con Rajoy—, porque la normativa estatal restringió las aportaciones a Itzarri, la EPSV de los trabajadores de la administración autonómica, lo que originó las primeras críticas.
El PNV pactó en los últimos presupuestos estatales que se puedan realizar de nuevo estas aportaciones a las EPSV vascas, pero con unos condicionantes que solo lo permitirían si no hay un incremento de la masa salarial, algo que limita la vuelta a esas aportaciones económicas. Erkoreka y Esteban recibieron una considerable bronca del portavoz económico del PP vasco, Antón Damborenea. Les reclamó que “dejen de quejarse” para ponerse manos a la obra y buscar “soluciones” ante lo que el PP vasco considera que generará “problemas” a quienes formalizaron sus EPSV a partir de 2012. En su opinión los artículos son ilegales desde que se dicta la ley, no desde que se declaran como tales lo que sí haría inviables los rescates. Para el portavoz popular el Gobierno y los afectados deberían estar ya buscando soluciones y cómo paliar la sentencia en vez de andar criticando al Gobierno central.
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