De Andrés plantea limitar el tiempo de percepción de la RGI

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, cree que es necesario analizar el modelo de restricciones de ayudas sociales a los extranjeros que el Reino Unido está poniendo en marcha. El premier británico, David Cameron, ha anunciado esta semana una nueva vuelta de tuerca a las restricciones a los extranjeros que ya puso enero, cuando limitó a seis meses el cobro del subsidio por desempleo y otras ayudas, que ahora quiere reducir a tres meses.

El dirigente del PP vasco cree que la idea de “hacer las ayudas limitadas en el tiempo y no garantizarlas de por vida es una alternativa” ante el posible “enquistamiento” de personas en las ayudas sociales. “Es una forma de política de inmigración que hay que estudiar”, ha añadido. Preguntado sobre si la idea de acotar la percepción de la RGI habría que extenderla también a los autóctonos, ha indicado que “tiene que haber una exigencia en todos los términos, sin duda”.

Es un nuevo capítulo de una campaña en la que día sí y día también desde hace tres semanas los dirigentes del PP vasco aportan nuevas dosis de crítica al sistema de protección social de Euskadi, con dudas sobre el control de las prestaciones y, sobre todo, con una censura al uso que hacen los inmigrantes de la RGI. De Andrés, que hace diez días sumó a las polémicas declaraciones del alcalde de Vitoria, Javier Maroto –habló de un abuso de los recursos sociales por parte de marroquíes y argelinos-, al colectivo nigeriano, ha dado hoy un nuevo paso en la exigencia a los extranjeros, apuntando a la decisión del Reino Unido de acotar la percepción de ayudas por parte de personas de otros países a seis meses.

Los populares proponen una reforma que el Gobierno ya ha dicho que no apoya, aunque está por ver si la idea de De Andrés se incluirá en ella, ya que hasta ahora la renta básica en Euskadi no ha tenido esas limitaciones y supondría un cambio sustancial en el sistema de protección. Legalmente, Lanbide tiene que hacer una revisión trimestral del cumplimiento de los requisitos y los perceptores tienen que renovar la ayuda cada dos años.

Quienes más tiempo cobran la RGI son, por definición, tres colectivos: el de los pensionistas que complementan su baja pensión, el de los parados de larga duración y el de las personas en alta exclusión. Los topes del cobro están hoy en el terreno de la empleabilidad.

Rechazar formación o negarse a aceptar un puesto de trabajo “adecuado” son motivos para dejar de recibir la RGI, que pasó en 2011 a ser gestionada por Lanbide precisamente para evitar la cronificación y facilitar la salida laboral de los perceptores. La crisis y las dificultades de gestionar la ayuda que cobran 65.000 familias han truncado de momento ese objetivo.

El consejero de Políticas Sociales, Juan María Aburto, subrayó el martes que no es el momento de hacer cambios de la ley de ayudas y sí de “consolidar” el sistema profundamente reformado en 2011 por el Parlamento, y aclaró que el fraude social no está extendido ni supone datos “preocupantes”. De Andrés le ha respondido hoy: “En una respuesta parlamentaria dijo que había 53 millones de fraude, es una cifra importante para tomársela en serio”.

Los 53 millones de euros corresponden a los años 2012 y 2013 de pagos indebidos de la RGI, es decir, que Lanbide abonó a los perceptores cantidades que no tenía que ingresarles. El Gobierno ha estado centrado en mejorar la gestión de las solicitudes y empieza ahora a realizar las tareas para recuperar ese dinero que pagó indebidamente.

De Andrés ha reconocido que los inmigrantes no son la mayoría de los perceptores de la RGI, sino menos del 40%, pero ha subrayado que son menos del 10% de la población y “más de la mitad del dinero de la RGI lo reciben los inmigrantes, ese dato no lo da el consejero”, ha afeado. “¿Hay remesas de dinero de la RGI en sus países?”, ha lanzado. “Sería bueno que se pusieran todas las cartas sobre la mesa”.