Un funcionario estafa un millón de euros en pagos a la Seguridad Social

La supuesta estafa continuada de un funcionario de la Seguridad Social de Xàtiva asciende a más de un millón de euros, según la estimación de la inspección de la Tesorería General sobre la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE), que la está investigando. Ya se han documentado 200.000 euros, pero la cifra aumentará mucho más porque los afectados superan el centenar y porque los intereses no cesan de crecer.

Todo se destapó a principios de año. Desde la oficina de control de la dirección provincial de la Seguridad Social de Valencia se detectaron tres casos anómalos que apuntaban directamente al jefe de negociado de la URE de Xàtiva (segundo responsable jerárquico de la unidad), Alicio García. Primero se le obligó a tomar vacaciones y luego se le abrió un expediente, por el que se le separa del servicio, con suspensión de empleo y sueldo, hasta que finalice la investigación que debe indagar en casos que se remontan al 2000.

Las víctimas tenían un perfil muy determinado: afectados en una situación desesperada, con un embargo cercano si no pagaban la deuda contraída con la Seguridad Social y que no tenían el dinero para pagarlo. El funcionario se presentaba entonces con un perfil muy colaborador. Les tranquilizaba asegurándoles que les ayudaría en la tramitación hasta que consiguieran la cantidad adeudada. Les facilitaba sus datos particulares de contacto (teléfono, correo electrónico) y cuando conseguía el dinero se lo daban en mano (a pesar de que en 1987 se determinó que los pagos nunca se harían en efectivo, sino a través de ingreso bancario). En otros casos, el funcionario incluso les daba un número de cuenta personal.

A continuación, él introducía los datos de los afectados en la base de datos de la Seguridad Social, imprimía el documento como que la deuda estaba saldada, se lo daba a las víctimas y en el momento que abandonaba las oficinas, retrotraía el cargo. Con esta maniobra, el afectado se iba a la calle con un documento que acreditaba que había saldado su deuda pero esta permanecía viva.

Todo se basaba en la confianza que tenían en el funcionario conocido en la URE desde hacía años como una persona amable. Hasta tal punto que cuando al domicilio del afectado llegaba alguna notificación de impago éste volvía a acudir al funcionario quien le “solucionaba el problema”: bien pagando efectivamente la deuda (aprovechando el pago de otras deudas más recientes) o bien repitiendo la maniobra de anotar la cantidad en el sistema para volver a anularla.

Era una operación que el sistema ha tardado en detectar. Hay datos de presuntas estafas que se remontan a 2000, y se sigue investigando incluso en años anteriores. El sistema de almacenaje de la Seguridad Social no elimina los datos cada vez que se realiza una modificación. Se mantienen los datos antiguos y los nuevos. La auditoría mensual no vio el problema, pero los investigadores de Madrid detectaron el ingreso y su anulación con pocos minutos de diferencia, desde qué mesa y con qué número de funcionario. Los investigadores prevén mucho más que un millón de euros defraudados. Hay afectados que siguen acudiendo tanto a la URE de Xàtiva como a las oficinas de Valencia, sorprendidos al ver que una deuda que ellos creían saldada, sigue viva, en cantidades que oscilan entre 3.000 y los 15.000 euros, sin contar los intereses generados por impago.

En un principio, aquellos que conserven el documento de pago, con el cuño de la oficina, pueden demostrar que abonaron la deuda al funcionario, por lo que la Seguridad Social se la reclamará a éste. Caso distinto es el de aquellos que no hayan guardado el documento: si la investigación interna no puede comprobar los datos facilitados por el afectado, tal vez tenga de nuevo que pagar la deuda.