Arranca un curso político muy tenso y bajo la sombra de la corrupción

El síndrome de la vuelta al trabajo se le juntará a no pocos políticos gallegos con otra dolorosa circunstancia: también se han acabado las vacaciones judiciales. El inicio del curso político equivale este año al arranque de una campaña de nueve meses hasta las elecciones municipales del próximo mayo, un periodo lo suficientemente largo como para descartar nuevas revelaciones de los varios sumarios en marcha que han causado ya grandes daños a la mayoría de los principales ayuntamientos de Galicia.

 Mientras los jueces hurgan en las miserias municipales, todo apunta a que el otoño traerá una gran tangana política a cuenta de las reformas electorales que el PP se dispone a acometer en solitario. El cambio de la ley para facilitar las mayorías absolutas en los municipios va a tener unos ecos especialmente broncos en Galicia, donde su influencia sobre el resultado final puede ser mayor dadas las peculiaridades de la política galllega. Y además se juntará con otra reforma sin consenso de las reglas electorales, en este caso la que pretende aprobar antes de final de año el presidente Alberto Núñez Feijóo para reducir de 75 a 61 los diputados del Parlamento autónomo.

La juez de Lugo Pilar de Lara trabaja sin reparar en calendarios electorales. En vísperas de las autonómicas de 2012 provocó una grave crisis en el PSdeG tras ordenar la detención del entonces alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez. Fue el inicio de la Operación Pokémon sobre tratos presuntamente corruptos de autoridades locales con empresas beneficiarias de contratas públicas, que ya ha dejado maltrechos a los gobiernos del PSdeG en Lugo y Ourense y del PP en Santiago. En las próximas semanas el curso del sumario deberá aclarar si son ciertas las acusaciones de recibir sobornos contra el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, o si la investigación en A Coruña se detiene, como hasta ahora, en la antesala de otro regidor del PP, Carlos Negreira. Con un estilo mucho más sigiloso que el de De Lara, otra juez de Vigo lleva meses instruyendo la Operación Patos. Casi nada ha trascendido de ese sumario, aunque sí se sabe que investiga a dos instituciones hasta ahora fuera del alcance de los jueces: el Ayuntamiento de Vigo, que gobierna el PSdeG, y la Diputación de Pontevedra, en manos de los populares. El presidente de este último organismo y líder provincial del PP, Rafael Louzán, está sometido además a otra investigación por un supuesto cohecho en una confusa operación comercial con uno de sus diputados.

Si los juzgados pueden ser aún una caja de sorpresas, en la arena estrictamente política la tormenta se antoja inevitable. El PP gallego se ha metido en una situación paradójica. Nadie venía reclamando con mayor insistencia que Feijóo una ley para poner coto a los gobiernos de coalición. Pero Rajoy ha tomado la iniciativa justo cuando sus compañeros gallegos también van a cambiar las reglas electorales, en este caso para las autonómicas, contra el criterio de las demás fuerzas políticas. La tensión está garantizada, con un Feijóo dispuesto a la pelea en defensa de un freno legal a los “gobiernos que se deciden en los despachos” y de un recorte de diputados que, sin alterar la proporcionalidad entre las grandes fuerzas, dificultará el acceso al Parlamento a los partidos minoritarios.

Si se mantuviese el sistema actual de elección de alcaldes, el PP se arriesgaría a que una caída de unos cuantos centenares de votos le privase de la mayoría absoluta en las tres ciudades que gobierna, A Coruña, Ferrol y Santiago. Pero, aun con una ley que otorgase la mayoría a partir del 40% de los votos, los populares tendrán que sudar la camiseta para mantener esas tres plazas, donde obtuvieron en 2011, en condiciones mucho más favorables, poco más del 43%. Feijóo viene de encajar su primer revés electoral en las europeas, y un segundo en las municipales le dejaría un camino lleno de dificultades con un calendario por delante que incluye las generales, en otoño de 2015, y las autonómicas, al año siguiente.

Los socialistas, excepto en Vigo, donde Abel Caballero ha logrado incluso pactar con el PP, son una nube de enigmas. No se sabe si el más veterano de sus alcaldes, el de Lugo, Xosé López Orozco, se presentará a despecho de su imputación judicial. En ciudades como Santiago y Ferrol se anuncian primarias a cara de perro. Y en A Coruña el partido está fracturado, con un sector que maniobra para descabalgar al líder provincial, Francisco Caamaño.

Más a la izquierda, el resultado sin precedentes de las europeas ha abierto grandes grandes esperanzas. En la última cita con las urnas, la suma de las tres opciones rupturistas —AGE, BNG y Podemos— superó tanto al PP como al PSdeG en los municipios de mayor tamaño. Pero las incertidumbres también abundan, sobre por ver si cuajan las mareas ciudadanas que están creciendo por todas partes. El fenómeno no es homogéneo. En algunos casos, como en A Coruña, se ha gestado al margen de los partidos, pero en otros, como Vigo y Ferrol, el protagonismo lo han llevado militantes de las fuerzas en la órbita de AGE. Los Círculos de Podemos, con gente implicada a título individual, están, de momento, a la expectativa.

En el BNG han surgido voces de alcaldes y dirigentes ajenos a la mayoritaria UPG que piden un acercamiento a las mareas. Aunque la dirección ha rebajado el tono de su rechazo a confluir con fuerzas “españolistas”, tampoco ha dado muestras de que vaya a abandonar su estrategia de resistir en solitario como única fuerza genuinamente nacionalista.