El fiscal pide más de tres años de cárcel a 23 huelguistas por un piquete de 2007

Un piquete durante una huelga en defensa del convenio colectivo de la empresa Aluminios Baux de 2007 va a sentar en el banquillo a 23 trabajadores acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores. El fiscal pide tres años y nueve meses para una parte y tres años y tres meses para otros por considerar que impidieron o limitaron el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga y que utilizaron la violencia o intimidación para ello. El juicio debía haberse celebrado este lunes y los próximos días, pero la incomparecencia de una de las acusadas (que ha presentado una acreditación médica) ha motivado su aplazamiento hasta abril de 2016.

Los juzgados penales de Castellón sufren una evidente saturación

El juzgado de lo Penal 2 de Castellón ha decidido suspenderlo después de intentar en vano realizar su declaración por videoconferencia. Desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano han señalado que la espera de otro año y medio más responde a que la sala necesita una semana entera dedicada a esta causa. “Se ha señalado en 2016 para no afectar a otros usuarios que ya tienen citación”, han indicado. Los juzgados penales de Castellón sufren una evidente saturación. Una reciente inspección del Consejo General del Poder Judicial concluyó que debería haber tres juzgados más para salvar el colapso.

El señalamiento del juicio para este lunes ha motivado la celebración de una protesta frente a los juzgados en la que han participado delegados sindicales de CC OO y la CGT (a los que estaban afiliados los trabajadores) y representantes de Esquerra Unida (EU).

Los hechos por los que se acusa a los 23 trabajadores se remontan al 7 de junio de 2007, el primer día de huelga de la empresa Aluminios Baux de Segorbe. Los huelguistas se ubicaron en el único punto de acceso a la industria. Según el escrito del fiscal, muchos operarios se detuvieron a dejar los coches antes “ante el temor de que se produjeran incidentes violentos”. Los huelguistas hicieron una cadena humana cogidos de los brazos “que impedía materialmente el paso”. El ministerio público recoge en su escrito que la cadena se rompió por “discusiones y pequeños forcejeos” y se pudo acceder a la empresa pero recibiendo insultos, algunos zarandeos y gritos como ‘esquirol’. Los no huelguistas, “por temor a que se repitieran los incidentes”, retrasaron su salida más de una hora por consejo policial y en filas de tres y escoltados por 7 agentes de la guardia civil. También recibieron amenazas e insultos durante la salida, según el fiscal. Un trabajador de seguridad se rompió una pierna saltando la barricada que se levantó en los accesos. Un grupo de huelguistas le atendió y desmontó la trinchera para el acceso de la ambulancia.

En la instrucción de este caso consta la declaración del sargento de la Guardia Civil que estuvo presente en la huelga y en la que manifestó que la actitud era “la típica de una huelga”, con actitud “insultante pero no agresiva” y que no recordaba haber oído amenazas concretas aunque sí que varios trabajadores que no secundaron la huelga comentaron que tenían miedo. En un principio los trabajadores acusados eran 25 pero dos de ellos recurrieron y la Audiencia Provincial archivó la causa.

El diputado de EU en las Cortes, Víctor Tormo, presente en la protesta, calificó de “aberración” que se haya tenido que retrasar el juicio hasta 2016 y dijo que es “intolerable” que se pidan más de tres años de prisión por una huelga.