Botella negocia con los vecinos ampliar a Chueca y Malasaña el cierre del tráfico

El Ayuntamiento de Madrid (PP) está negociando con asociaciones de vecinos y comerciantes de los barrios de Justicia y Universidad (conocidos popularmente como Chueca, Malasaña y Conde Duque) para ampliar antes de primavera el corte de tráfico previsto en el centro de la capital, según han informado fuentes municipales.

El 1 de enero de 2015 se cerrarán los barrios de Palacio y Sol, de forma que sólo los residentes puedan circular por sus calles; el resto de vehículos tendrá acceso únicamente a las grandes arterias y a los 13 aparcamientos ubicados en el área restringida. Las infracciones se vigilarán con 22 cámaras de seguridad y se castigarán con multas de 90 euros.

Esa área de prioridad residencial (APR), según su denominación municipal, se sumará a las dos ya en vigor desde hace años en los barrios de Cortes (también conocido como de Las Letras) y Embajadores. La primera APR la puso en marcha el exalcalde y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), en septiembre de 2004 en una zona de Cortes; un año después, se extendió al resto del barrio, sumando así una superficie de 59 hectáreas en la que viven 11.000 personas, entre la Puerta del Sol, Gran Vía, el paseo del Prado y la calle de Atocha.

En julio de 2006, Gallardón amplió el perímetro restringido al colindante barrio de Embajadores, que ocupa 103 hectáreas y tiene 45.000 habitantes.

Cuando el próximo 1 de enero entre en funcionamiento la APR de Palacio y Sol (que suman 192 hectáreas y 30.000 habitantes), serán ya más de 85.000 personas las que vivan en una zona de tráfico restringido. Pero faltarán aún dos barrios del distrito Centro para completar ese perímetro: Justicia, con 74 hectáreas y 16.000 vecinos (comprende la zona de Chueca y Alonso Martínez), y Universidad, con 95 hectáreas y 31.000 vecinos (Malasaña y Conde Duque).

En conjunto, el distrito Centro suma 144.000 habitantes, más o menos como Salamanca o Lleida.

El Ayuntamiento ya ha iniciado las conversaciones con los vecinos para convertir Justicia y Universidad en zonas de tráfico restringido antes de mayo de 2015, cuando acaba el mandato de Botella, que avanzó hace dos semanas que no concurrirá a la reelección.

Tanto el Partido Socialista de Madrid como Izquierda Unida apoyan esta medida, que sin embargo rechazan en principio sectores del Partido Popular; así lo manifestó ayer Ignacio González, presidente regional y muy próximo al ideario de Esperanza Aguirre, presidenta del PP en Madrid y posible candidata a la alcaldía.

La creación de la APR de Sol y Palacio fue prometida por Gallardón antes de las elecciones de mayo de 2011, pero se retrasó por falta de presupuesto. La medida costará 500.000 euros anuales.

Las estrecheces financieras no son obstáculo ahora para extender esa restricción de tráfico a Universidad y Justicia, según indican fuentes municipales, puesto que esta estrategia está cubierta por el contrato integral de movilidad, adjudicado hace un año por 862 millones y 12 años; así se ha sufragado también el servicio municipal de bicicleta pública gratuita, puesto en marcha antes del verano con un presupuesto de 25 millones para ese periodo.

El Ayuntamiento prepara además, tras conversaciones también con vecinos y comerciantes, un cambio en la reglamentación de las áreas de prioridad residencial.

En líneas generales, al perímetro restringido sólo pueden acceder los vehículos de los residentes; todas las motocicletas de siete de la mañana a diez de la noche; y las furgonetas que lleven mercancías a los comercios del área en días laborables y entre las diez de la mañana a la una de la tarde.

Una vez que se ponga en marcha la nueva zona de Sol y Palacio, el Ayuntamiento escalonará las horas permitidas de carga y descarga para que los camiones de reparto puedan ir siguiendo un recorrido por el centro.

Respecto a los vecinos, en la actualidad deben avisar por anticipado la entrada de vehículos ajenos (familiares que vienen de visita, furgonetas de mudanza, etcétera). El Ayuntamiento planea permitir 10 entradas al mes por residente sin necesidad de justificarlo y notificarlo previamente.

Hasta ahora, debía comunicarse cualquier entrada con antelación y de forma presencial, es decir, acudiendo a la Junta de Distrito, para sortear la sanción de 90 euros. El Ayuntamiento busca ahora que el aviso se pueda hacer por Internet o en el teléfono 010.