El Superior acuerda investigar a Paula Prado por fraude y tráfico de influencias

El Tribunal Superior ha acordado investigar si la exportavoz del PP gallego Paula Prado cometió fraude y tráfico de influencias cuando como edil en Santiago, supuestamente, autorizó el pago de una factura inflada en 3.000 euros, intervino para librar de dos expedientes a un local nocturno y promovió diversos enchufes estando al frente de la agencia local de colocación. En un auto que notificó ayer, la Sala de lo Civil y Penal del TSXG acepta su competencia para asumir las pesquisas y relevar así a Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon, porque, como diputada popular, Prado disfruta de la condición de aforada.

 Los magistrados del Superior entienden que los hechos que recoge la exposición motivada remitida por De Lara en junio “pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la Administración pública y tráfico de influencias”. El tribunal aclara que, al menos de momento, no investigará todos los supuestos hechos que describe la juez de Lugo, sino solo la mitad: el sobreprecio pagado por el Ayuntamiento para la organización del espectáculo infantil La abeja Maya; el favor a la sala Moon; y la influencia en la contratación de personas en concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago. En su exposición, De Lara enumeraba en relación a Prado no dos, sino cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho, todos ellos cometidos durante su etapa como concejala en tiempos de los alcaldes Conde Roa y Ángel Currás. La Fiscalía Superior hacía suyo el escrito de la juez y a principios de este mes también pedía al Superior que investigase a Prado.

Según el sumario Pokémon, Prado también podría haber ejercido una influencia “ilícita” para “beneficiar a su esposo en su actividad de venta de materiales textiles a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, empleando intermediarios a fin de no involucrar su nombre como proveedor”. El marido, según la magistrada, “habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas”. Y lo haría recurriendo a empresas investigadas en la trama, como Vendex y Aquagest. Los pinchazos en los que se basan los investigadores revelan, además, la supuesta colaboración de Prado en la búsqueda de un interventor municipal afín a los intereses del gobierno local del PP. El Superior dice que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción sumarial, de momento no aprecia delito en estos hechos y no los investigará.

Inmediatamente después de conocerse la noticia, Prado difundió un comunicado con membrete de su grupo parlamentario en el que se brinda a dar al Superior “una amplia explicación” y “completa colaboración”. Según ella, ante De Lara, al declarar en condición de testigo, lo hizo “sin asistencia letrada y sin las garantías que tienen las personas que declaran en un proceso en el que están siendo investigadas”. Tampoco pudo, dice, “contextualizar o aclarar las informaciones que surgían en los medios de comunicación y que se basaban en filtraciones de autos bajo secreto de sumario”.

“Ahora daré todas las explicaciones convenientes ante el tribunal competente”, celebra, y pide a los magistrados “celeridad”: “Las demoras en la justicia no deben añadirse al perjuicio que ya sufrí por mi indefensión en estos últimos tiempos”, concluye.

Mientras, la investigación prosigue en Lugo y ayer mismo De Lara acordó reclamar a varias entidades bancarias y a las sedes locales del partido toda la documentación contable relacionada con el PSdeG de Santiago, A Coruña y Ribeira referida a los meses de mayo a julio de 2011. Al igual que sucedió con el PP, en las cuentas que ya entregó el PSOE no hay rastro de los pagos ilegales supuestamente entregados por Vendex en las elecciones municipales, “lo cual vendría a confirmar que las personas presuntamente receptoras de tales importes lo habrían hecho a título particular”, concluye la instructora.