Un decreto para la historia

El decreto de convocatoria de la consulta popular del 9 de noviembre pasará sin duda a la historia. Nunca un president de la Generalitat había convocado un referéndum para que el pueblo de Cataluña expresara su voluntad de convertirse en un Estado independiente. El president Macià proclamó en 1931 la República catalana como Estado de la federación ibérica. Y El president ompanys proclamó en 1934 el Estado catalán dentro de la república federal española. La primera duró unos días, hasta pactar su reconversión en la Generalitat provisional, el segundo duró unas horas hasta que se declaró el estado de guerra y se procedió a la suspensión de la autonomía. El decreto del President Mas es otro desafío histórico que podría también ser efímero, esta vez tras una dura batalla legal y, por supuesto, política.

En efecto, el Decreto 129/2014 fue firmado ayer solemnemente por el president pocos minutos después de que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicara la Ley de Consultas Populares No Referendarias. Cumplía así el acuerdo al que llegaron el 12 diciembre de 2013 los partidos catalanes (CDC, UDC, ERC, ICV-EUiA y CUP) de convocar para el 9-N una consulta con dos preguntas sucesivas sobre la voluntad de los ciudadanos de que Cataluña se convierta en un Estado independiente. El president cumplía también la promesa de convocar una consulta “legal”, como recordó ayer en su intervención, al afirmar que el Decreto se dictaba al amparo de una ley constitucional y estatutaria, lo cual fue negado con rotundidad poco después por la vicepresidenta del Gobierno, al informar sobre la impugnación de ambas disposiciones ante el Tribunal Constitucional. Mientras no se presenten los recursos, la ley y el decreto estarán vigentes y podrán ser desplegados y ejecutados, como ya ha empezado a hacer el Govern. Pero cuando el TC los admita a trámite, declarará su suspensión automática, cuyos efectos se retrotraen al momento de la formalización. Comenzarán entonces dos batallas jurídicas: la de la suspensión y la de la constitucionalidad.

La primera es crucial porque en ella se decidirá si efectivamente la consulta puede celebrarse el 9-N. Parlamento y Gobierno catalán intentarán que el Tribunal levante la suspensión de ambas disposiciones antes de esa fecha, y sobre el Gobierno central recaerá la carga probatoria para mantenerla. El TC resolverá sin entrar en el fondo del asunto, ponderando los intereses afectados y los perjuicios de imposible reparación. La resolución que adopte debe ser acatada por ambas partes, cuya actuación en ese periodo pondrá a prueba la precaria cultura constitucional de nuestro país. Si llegada la fecha de la consulta las disposiciones se mantienen suspendidas, aquélla no podrá llevarse a cabo legalmente. Quizá por ello el president manifestó ayer al Gobierno su disposición a pactar hasta el último momento las condiciones en que se celebre la consulta.

La segunda batalla será la de la constitucionalidad. El Gobierno alegará seguramente que la Ley de Consultas regula en realidad un referéndum encubierto, para lo que el Parlament no tiene competencia; y que el decreto convoca de hecho un referéndum de secesión que no tiene cabida en la Constitución. Las instituciones catalanas defenderán, por el contrario, que la ley tiene amparo en las competencias estatutarias, y el Decreto convoca simplemente una consulta no vinculante. El Alto Tribunal se pronunciará sobre la constitucionalidad de ambas disposiciones, pero meses (y esperemos que no años) después del 9-N.

Ésta es pues la batalla legal que ambos gobiernos vienen preparando, y que va a desarrollarse en las próximas semanas en un clima de gran tensión política, institucional y social. El Decreto 129/2014 pasará a la historia que, como escribió Marx, se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Asombra e inquieta la rabiosa actualidad de las magníficas crónicas de los años treinta que nos dejaron Amadeo Hurtado —Abans del sis d’octubre (Antes del seis de Octubre)— y Gaziel —Tot s’ha perdut (Todo se ha perdido)— y su lectura suscita el temor de que, efectivamente, se repita la historia.

Enric Fossas Espadaleres catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.