La Generalitat asume que la consulta no es posible si persiste la suspensión

A un mes exacto para el 9 de noviembre, el Gobierno catalán ha llegado a la conclusión de que la consulta de autodeterminación, al menos tal y como la planteó inicialmente, es inviable. El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y la prohibición para que los ayuntamientos colaboren con la organización de la consulta imposibilitan la votación, según reconocen fuentes del gabinete de Artur Mas. A pesar de ello, los partidos soberanistas, y especialmente el presidente de la Generalitat, quieren encontrar una salida que permita que los ciudadanos puedan votar. CiU, ERC, ICV y la CUP volverán a reunirse a corto plazo, previsiblemente hoy, para intentar encontrar una alternativa. No será fácil, pues varios de estos partidos admiten que todos tienen la vista puesta ya en unas elecciones anticipadas que se celebrarían no antes del 14 de diciembre.

Los partidos acudirán a la reunión de hoy en un clima enrarecido porque el discurso público del bloque soberanista cada vez se contradice más con el que mantienen en privado. Lejos de los focos, todos menos Convergència admiten que la consulta “legal” y con “todas las garantías democráticas” que prometió Artur Mas ya no se puede hacer. Incluso algunos responsables de la Generalitat admiten esto, pues los días pasan y nada indica que el Tribunal Constitucional vaya a levantar la suspensión. Todo lo contrario.

En público, en cambio, se siguen lanzando mensajes de optimismo. Ayer mismo el coordinador general de Convergència Democràtica, Josep Rull, insistió en que la consulta aún se puede celebrar en los términos previstos. “No podemos ceder, tenemos el mandato y el consenso político para poner las urnas el 9 de noviembre, hagámoslo”, afirmó. “No nos encogeremos, no romperemos la unidad y votaremos el 9-N”, insistió. El consejero de Justicia, ahondó en este mensaje en Radio Barcelona: “Creo que podremos hacer la consulta de acuerdo con la ley de consultas”.

Pese a estos mensajes, las reuniones que han mantenido los partidos proconsulta los últimos días han avanzado en el sentido de buscar alternativas. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene su propio plan, según publicó ayer La Vanguardia. Se trataría de organizar una consulta con el apoyo de los ayuntamientos y de la Asamblea Nacional Catalana. El Gobierno catalán, sin embargo, desmintió esta vía calificándola de “especulación”. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, volvió a defender la vía prevista. “Los esfuerzos de la Generalitat y las fuerzas políticas que apoyan el proceso están totalmente centrados en la consulta del 9 de noviembre”, subrayó.

Los comicios no serán antes del 14 de diciembre y CiU apuesta por marzo

Iniciativa per Catalunya, que mantiene una posición cada vez más crítica dentro del bloque proconsulta, se desmarcó de cualquier maniobra que vaya en la línea de hacer una votación sin garantías. Su líder, Joan Herrera, llamó a afrontar con realismo los próximos pasos. "Cada día que pasa hay menos garantías democráticas" para celebrar la consulta y aseguró que no se puede "perpetuar demasiado en el tiempo" la actual situación. “Si llega el momento de certificar el final de la consulta, habría que hacer un análisis compartido en el marco unitario de las fuerzas que la defendemos”, insistió.

La pregunta ahora es cuándo habrá elecciones. El presidente de la Generalitat nunca ha ocultado que unos comicios anticipados en clave plebiscitaria sobre la independencia serían la alternativa a la consulta. La primera fecha en la que sería posible celebrarlas es el domingo 14 de diciembre, pues tienen que pasar un mínimo de 54 días desde la disolución del Parlamento. El Gobierno catalán admite que no tomará una decisión sobre la consulta hasta la semana que viene, el día 15 a más tardar.

Pero no todos los partidos trabajan con una convocatoria inmediata. Fuentes de la dirección de Convergència i Unió aseguran que algunos de sus altos cargos tienen marcada la fecha del 8 de marzo como momento más probable para unos comicios. La principal ventaja de esperar sería que, para entonces el Tribunal Constitucional, ya tendría que haber decidido si levanta o confirma la suspensión de la consulta.