Alaya impide a la Junta querellarse contra el testigo clave de la formación

La juez Mercedes Alaya ha negado a la fundación de la Junta Faisem la posibilidad de querellarse contra el testigo protegido de la causa de la formación, el funcionario Teodoro Montes, después de que este acusara a la entidad de maltratar a los enfermos mentales que atendían un curso como estudiantes. Alaya cierra la vía para que esta fundación presente la querella, y resuelve en un auto que, si fuera procedente, la acusación de Montes derivaría en un caso de injurias y calumnias.

Esto es, que Faisem podría querellarse por una denuncia falsa, pero una vez que el caso haya avanzado en el tiempo. Durante su testimonio como testigo, Montes acusó a Faisem de medicar a varias personas discapacitadas que asistieron a un curso para poder soportar condiciones insalubres, sin aire acondicionado y con más de 55 grados de temperatura en pleno verano.

La resolución de la juez tiene un antecedente claro en el caso Pokemon, en el que la Audiencia de Lugo impidió al alcalde de dicha ciudad, José López, querellarse contra un empresario denunciante, ya que “podría utilizarse como una forma coactiva de advertencia para disuadir, bien a testigos, bien a imputados, de una eventual colaboración con la justicia”.

Alaya advirtió la semana pasada que actuará contra Faisem y el sindicato CC OO —al que acusó de cobrar comisiones ilegales del 20%— si finalmente se querellaban contra Montes. La juez avanzó que acusaría a ambas entidades de un delito de obstrucción a la justicia si llegaban a querellarse, a pesar de que la amenaza podía atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva.

Ahora Alaya ha bloqueado la vía para la querella, dado que ella tiene que facilitar el testimonio como testigo, que se produjo en su juzgado. Sin embargo, en paralelo al intento de querellarse contra Montes, Faisem ha puesto en el juzgado de primera instancia una demanda de conciliación para Montes, al igual que CC OO. De este modo, el funcionario deberá acudir a ambos actos judiciales para reafirmarse en sus acusaciones o retractarse, como paso previo a que dichas entidades decidan emprender acciones legales en defensa de su honor.

Por otra parte, el Consejo Consultivo ha finalizado un informe sobre los 312 dictámenes de subvenciones del fondo de los ERE que le había remitido la Junta. Del total, 59 expedientes han sido devueltos al Gobierno por haber prescrito, y 253 han sido objeto de dictamen. De estos, el Consultivo estima que 181 deben ser anulados y la Junta debe proceder a pedir el reintegro de 77 millones de euros entregados a través de las ayudas directas a empresas y entidades (94 en Sevilla) que concedió la Consejería de Empleo. Las entidades que no están obligadas a devolver las cantidades pagadas por Empleo suman 26,3 millones en subvenciones.