Tesis y antítesis del caso de los ERE

Tras casi cuatro años de investigación, el caso de los ERE fraudulentos ha entrado en la fase decisiva. En los próximos meses, el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre el aspecto esencial, y el más polémico, de la investigación de la juez Mercedes Alaya. La magistrada sevillana sostiene, casi desde el principio de la instrucción, que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal para repartir discrecionalmente las ayudas sociolaborales entre empresas y trabajadores a lo largo de una década. Ella cree que la Junta repartió 855 millones de euros entre 2001 y 2010 para beneficiar a firmas y personas afines al PSOE.

Los cinco aforados en la causa (los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera) están afinando en estas fechas sus estrategias de defensa y la respuesta que darán ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, cuando acudan a declarar. Los señalados por Alaya han elaborado un documento en el que intentan desmontar la tesis incriminatoria de la magistrada. En la causa abierta por Barreiro pronto se enfrentarán la tesis de Alaya, la antítesis de los aforados y será el Supremo el que formule la síntesis definitiva. He aquí los principales puntos de discrepancia entre la instructora y los aforados.

» ¿Por qué las ayudas sociolaborales? Los aforados destacan que las ayudas se pusieron en marcha para intentar mantener el tejido industrial en la comunidad, tras las crisis y cierre de numerosas empresas a finales de los años noventa. Subrayan que se trató de una decisión “del legítimo Gobierno andaluz” pactada con empresarios y sindicatos y avalada por el Parlamento regional. Alaya presupone en la exposición razonada que este verano remitió al Supremo que el Gobierno apostó por “el compromiso político de la paz social antes que por el cumplimiento estricto de la legalidad” y que buscaba el “proselitismo político”. Los aforados concluyen que con el fondo se han pagado grandes expedientes de regulación de empleo como el de Delphi, Santana Motor o Faja Pirítica, que afectaron a centenares de trabajadores y que colegir que era para beneficiar a personas afines al PSOE carece de sentido. “Es una afirmación que conspira contra la evidencia”. Del fondo de los ERE se han beneficiado unos 6.000 trabajadores, entre los que se han detectado 196 intrusos (3,3%) que no tenían derecho a percibir una ayuda.

» Las transferencias de financiación. Los aforados destacan que las transferencias de financiación (el procedimiento administrativo con el que se pagaba el fondo de los ERE y que la juez Alaya criminaliza) son una herramienta presupuestaria común en todas las Administraciones. Añaden que “no es cierto” que solo puedan usarse para compensar las pérdidas de las sociedades públicas. “No es así, ni nunca lo ha sido en nuestro derecho presupuestario”, alegan en su documento. Para la magistrada, el uso de esta figura presupuestaria sentó “las bases para permitir indiciariamente la prolongada malversación de fondos públicos”.

» Los informes de la Intervención. Los dirigentes socialistas hacen hincapié en que la Intervención de la Junta de Andalucía advirtió en 2005 del inadecuado procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas, pero jamás de que era ilegal, algo que corroboró en el juzgado el ex interventor general Manuel Gómez. La Consejería de Empleo y la Intervención abrieron un debate sobre la idoneidad del procedimiento, pero los interventores nunca hicieron un informe de actuación, que sí alerta del menoscabo de fondos públicos y sí llega hasta el Consejo de Gobierno. Subrayan también que la Intervención no tenía por qué haberlo hecho al no tener sospecha del fraude que se estaba cometiendo en la Consejería de Empleo, donde los aforados sitúan el foco delictivo. Alaya, sin embargo, cree que el sistema se puso en marcha para eludir los controles de la Intervención y que se ignoraron las advertencias sobre su uso inadecuado.

» El papel de Hacienda. El documento resalta que la Consejería de Hacienda tiene “plena competencia” sobre los ingresos de la comunidad autónoma, pero que la responsabilidad sobre los gastos corresponde a cada departamento. De esta manera, se intenta desmontar la teoría de la juez de que los exdirigentes de la Consejería de Hacienda, entre ellos Griñán (quien también estuvo al frente de este departamento), son responsables de la malversación de los fondos que gestionó Empleo.

» Los controles. La magistrada cree que la decisión de pagar el fondo de los ERE mediante las transferencias de financiación obedecía al fin último de esquivar los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía. Los aforados destacan que esta interpretación “no se ajusta a la realidad” y que la Intervención presentó varios informes en los que alertó sobre las transferencias de financiación, lo que pone de manifiesto que sí existía ese control.

Los aforados recalcan que el fondo de los ERE era aprobado cada año por el Parlamento

» Las modificaciones presupuestarias. La juez estima que las modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de los ERE constituían un plan para falsear el Presupuesto de la comunidad. Al año, la Junta aprueba centenares de modificaciones presupuestarias, que consisten simplemente en cambiar dinero de una partida a otra. Los aforados subrayan que todas las modificaciones aprobadas para ampliar el crédito del fondo de los ERE se hicieron con el visto bueno de la Intervención de la Junta y que en ningún caso se puso en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Administración, como ha sostenido Alaya.

» Competencia sobre las ayudas. En la exposición razonada, Alaya llega a sostener que la Junta invadió competencias del Estado al dar las ayudas sociolaborales. El escrito de los ex altos cargos de la Junta destaca que casi todas las autonomías han dado estas ayudas y que ningún presidente del Gobierno, ya sea del PSOE o del PP, ha cuestionado jamás esta competencia autonómica, que en todo caso debería resolver el Tribunal Constitucional. Hacen hincapié en que el ERE más importante (el de la Faja Pirítica de Huelva, que afectó a más de 800 trabajadores) fue sufragado a medias entre el Gobierno central y el andaluz cuando José María Aznar estaba en La Moncloa.

» ¿Era secreto el sistema? Los ex altos cargos recalcan que el fondo de los ERE (y las transferencias de financiación) era aprobado cada año por el Parlamento a través de la ley de Presupuestos. Y, aunque Alaya ha intentado exculpar al Parlamento de su teoría de la confabulación por la complejidad del lenguaje presupuestario, lo cierto es que hay pruebas de que la oposición conocía perfectamente la partida de los ERE. Los aforados, de hecho, han recopilado 91 enmiendas del PP al fondo entre 2001 y 2010, por 64 de IU o siete del PSOE. Con este dato, los aforados quieren demostrar que si la oposición presentó enmiendas al fondo de los ERE, difícilmente puede ser una partida opaca.