Docentes y familias del Consell Escolar rechazan la orden lingüística
La mayoría de los representantes avalan la normativa de Català frente al rechazo de las organizaciones más representativas
La configuración actual del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana permite que decisiones de la Administración que afectan fundamentalmente a la escuela pública reciban el respaldo de éste órgano consultivo, que es la principal instancia participativa autonómica en educación, aun con el rechazo de las organizaciones mayoritarias del sector docente y familiar de la escuela pública.
Reunida este viernes para dictaminar la orden que desarrolla el plurilingüismo en la Comunidad Valenciana a partir del curso próximo, la comisión permanente del Consejoha repetido el mismo esquema, como era predecible a partir del informe favorable de la comisión de proyectos lingüísticos. La orden que regula el procedimiento de autorización al proyecto lingüístico de centro ha recibido luz verde del órgano consultivo.
Los representantes de las organizaciones mayoritarias en el sector docente y entre las asociaciones de padres y madres de la enseñanza pública han presentado sus respectivos "votos particulares" ante 17 votos favorables de los miembros de la comisión permanente a una orden que regula la polémica preceptiva consulta telemática a las familias, entre otros aspectos, antes de autorizar la lengua vehicular del centro y su proyecto lingüístico.
Así lo han dado a conocer tanto el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de País Valencià (STEPV), como la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya y la federación de la enseñanza de CC OO -PV. Cabe recordar que los centros de titularidad pública suponen el 95% de la enseñanza en valenciano que se imparte en la educación no universitaria de la Comunidad Valenciana. La conflictiva consulta a las familias, además, no afecta a los centros concertados.
En su voto particular, el STEPV ha subrayado que tanto este sindicato como Escola Valenciana, "entienden que esta consulta es innecesaria, dudan de su legalidad y creará un conflicto innecessario entre las familias y entre estas y el centro educativo. Además, es la Consejería la que decidirá, en última instancia, qué programa plurilingüe aplica en el centro porque la consulta no es vinculante, mostrando (...) que la tan citada autonomia de los centros educativos se queda en nada".
La Gonzalo Anaya ha anunciado su voto particular para que conste el rechazo al modelo de plurilingüismo de Català y de las políticas lingüísticas y educativas de la Consejería de Educación. Al ser rechazada su enmienda a la totalidad, ha hecho una propuesta de mínimos para que "la consulta a las familias se realice solo a los centros que soliciten cambio de programa lingüístico". También ha respaldado las 24 enmiendas parciales presentadas por el STEPV "que se han centrado en proponer cambios sustanciales para evitar el conflicto lingüístico que genera el procedimiento propuesto" por la Consejería de Educación.
Por su parte, CC OO-PV ha remarcado que "esta orden va en contra de la necesidad expresada en el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas minoritarias e incluso del Estatut d’Autonomia, que en su artículo sexto, concretamente en el punto cinco dice “Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano".
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