¡Encubrir también es delito!

Eso afirman algunos de los religiosos granadinos indignados con la actitud del arzobispo Francisco Javier Martínez, a quien corresponde este glorioso marcador: número de miembros retirados por él de las tareas religiosas, tres; número de miembros citados por los tribunales de justicia 12, 10 de ellos religiosos y otros dos laicos.

Se autodenominan Club de los Romanones y viven varios días a la semana juntos, en alguna de sus propiedades o, en otras que la Iglesia atesora en la provincia de Granada, alguna de las cuales proviene de donaciones particulares para que esta institución religiosa atienda situaciones de pobreza o desamparo pero que ellos convirtieron en clubs privados para sus andanzas sexuales o su disfrute particular. Casi todos ellos son de educación selecta, con grandes contactos en las escalas más altas de la sociedad granadina. Uno de ellos pertenece, incluso, a la curia diocesana, el máximo rango religioso de la Iglesia en la provincia.

Estas alas sociales son las que determinan que el arzobispo granadino, ante el propio denunciante, insistiera en la idea de que “sólo daba crédito a la participación de tres religiosos y que el resto podía encontrarse en una situación parecida a la del propio joven”, algo que humilló al denunciante y que lo decidió a exponer ante los tribunales ordinarios el crimen cometido por todos ellos.

Pero merece la pena comprobar su recorrido. El denunciante tiene ahora 23 años y se ha atrevido, por primera vez, a revelar unos hechos que empezaron hace casi 10 años, lo que supone una década de silencio, de intentos de olvido, de asumir en solitario las violaciones de las que había sido víctima. Silencio total hasta que el nuevo Papa, de nombre español, le animó a acudir a los tribunales y a romper el silencio impuesto por la propia iglesia.

En España ha sido excesivo el silencio respecto a los abusos sexuales cometidos por miembros de la comunidad eclesiástica. La propia Iglesia ha sido absolutamente hábil en ocultar, desviar y hacer callar los centenares o miles de casos que se han producido a cambio de unas actuaciones internas que siempre han sido insuficientes o completamente irrelevantes. Para la Iglesia española, la autoridad civil en materia de abusos sexuales, ha sido siempre inexistente. Las jerarquías locales, con alguna excepción, han laminado la posibilidad de que sus miembros sean castigados por estos crímenes. En algunos casos, los violadores de niños han sido reconvenidos o censurados; en otras, ni siquiera eso, han cerrado los ojos ante esta “debilidad humana” difícil de evitar, en su opinión.

En España y, especialmente en Andalucía, hay muy pocas denuncias vivas que afecten a la comunidad eclesiástica. El miedo a esta gran institución y a su poder de persuasión o de disuasión, parecen ser la causa. Pero este tiempo parece haberse cerrado por parte incluso de su máxima autoridad, el papa Francisco. Por eso, sería hoy muy conveniente que todas las personas afectadas por estos delitos los denuncien sin reparos ante las autoridades civiles. Sólo de esta forma se conseguirá limpiar esta institución y librarla de su oscuro pasado en este tema tan repugnante. Y, sobre todo, no dejar solos a quienes, tras muchos años de silencio, se han atrevido a levantar la voz.

@conchacaballer