La Junta reclama fondos públicos a los 52 grupos de desarrollo rural
Las entidades recurren la devolución del dinero y censuran el procedimiento
La Junta reclama fondos públicos a los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) implantados en la comunidad para dinamizar la economía en las localidades pequeñas de las ocho provincias. La petición de reintegro de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural lleva en marcha más de un año y los GDR, a los que exige entre 30.000 y 60.000 euros de media, han presentado alegaciones para evitar devolver estos fondos procedentes de la Unión Europea. Junto a estas entidades, que han gestionado 248 millones entre 2007 y 2013, hay empresarios que a través de los GDR recibieron subvenciones para proyectos que la Junta considera ahora no están bien justificados.
Es una guerra silenciosa, pero los ecos resuenan ya fuera del ámbito administrativo porque numerosas entidades plantearán batalla por la vía Contencioso-Administrativa en los tribunales, ya que estiman que la Junta carece de razón para pedir el dinero. Estos GDR y emprendedores del ámbito rural consideran que el excesivo celo del Ejecutivo en la justificación de fondos tras escándalos como los ERE o los cursos de formación ha generado reclamaciones que consideran injustas.
En enero de 2012 la Intervención General de la Junta planteó a Agricultura defectos de forma en la justificación de gastos de funcionamiento de los GDR como dietas de sus empleados o el sueldo de las limpiadoras, debido a “una aplicación incorrecta del régimen jurídico” para estos fondos. Es decir, los controles de auditoría interna del Gobierno estimaron que estas entidades (compuestas por Ayuntamientos, Diputaciones, sindicatos y asociaciones) habían imputado estos gastos a los fondos de la UE de manera irregular. En estos tres años la batalla administrativa ha incluido una suspensión cautelar de los pagos a los GDR en abril de 2013, levantada después de un año de investigación interna que devino en la adopción de medidas correctoras por parte de la Consejería.
Sin embargo, la reclamación de fondos de la Junta permanece con las espadas en alto. Eso sí, han ido menguando en cantidad tras las alegaciones de los GDR, algunas hasta reducirse a menos de la mitad. “A mí cualquier auditoría no me parece excesiva, pero sí el cambio de actitud de la Junta. Se ha llegado a una dinámica de llegar hasta el último céntimo, en la que hay que entrar, pero el guión que se nos da para la justificación ha cambiado cuatro veces en cinco años y eso dificulta la gestión de los fondos”, lamenta Francisco Pleguezuelos, presidente del GDR de Guadix (Granada). La reclamación de la Junta ha pasado en su caso de 69.000 euros a solo 16.000 tras sus alegaciones.
El gerente del GDR de Ronda, Miguel Prego, se queja del cambio de normas “a mitad de partido”. “Hay gastos elegibles justificados cambiados con efecto retroactivo y de aplicación imposible. Nos ha pillado fuera de juego”.
La Junta argumenta que el cambio legislativo se produjo con una orden en junio de 2009 y las incidencias detectadas son del ejercicio 2011, “por lo que no cabe hablar de cambio en las reglas de juego”. Otra gerente que pide el anonimato afirma: “O no leímos bien la orden o no la interpretamos bien, pero a mí en 2009 y 2010 me aprobó los gastos la propia directora general Isabel Aguilera”. “Ejecutamos las cosas como ellos dijeron, y luego otro organismo [la Intervención General] vio que esa no era la forma de justificar. Pues si es fallo de la Junta, que liberen ahora una partida para subsanar su error”. La directora general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Rosa Ríos, rechazó opinar al respecto.
En caso de irregularidades manifiestas de gestión, fuentes del caso inciden en que para expulsar a los gerentes negligentes, los consejos territoriales de los GDR deben recibir información directa de la Junta, ya que carecen de argumentos para exigir la dimisión de estos gerentes.
Ahora la Junta está pendiente de recibir de Bruselas nuevos fondos Feader por 1.906 millones para el periodo 2014-2020. De momento, el Gobierno aún debe pulir deficiencias, ya que en octubre la Comisión Europea identificó “problemas graves que requieren una aclaración y la revisión de la propuesta” de Agricultura, según una carta remitida a la representación de España ante la UE.
"Ya nadie se cree nada"
"La Junta no me pide absolutamente nada, sencillamente no nos paga la subvención después de haber adelantado el dinero. La inseguridad jurídica es total, no tiene sentido cuatro años para un expediente, es un auténtico desastre". Francisco Retamero logró una subvención de 2.000 euros para un depósito de su bodega Descalzos Viejos en Ronda que costaba 8.000 euros. Sin embargo, hay impagos más numerosos que han generado el cierre de empresas.
“Argumentaron que había una nueva directiva en Europa que hacía revisar los expedientes y no me explicaban absolutamente nada, solo habían cogido paquetes de expedientes y escogieron el mío”. Tras remitir escritos a la Comisión Europea para aclarar su caso, ésta le remitió a la Junta como receptora de los fondos. Ante la falta de respuesta, presentó una queja al Defensor del Pueblo andaluz junto a otros empresarios como José Luis Aguilera, y el organismo matiza que su expediente está “en vías de solución”.
Otra empresaria que pide el anonimato expresa la aparente desazón entre los emprendedores del mundo rural hacia la Junta. “Ya nadie se cree nada. El principio de confianza legítima se ha roto y la desconfianza en el sistema es total. Somos damnificados por una política de rigor absurdo que reinterpreta la ley. Nos vuelven a pedir papeles por algo que ya estaba cerrado. Es una bola de burocracia”.
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