Los socialistas alicantinos se pelean en los juzgados

No hay paz en el PSPV-PSOE de la ciudad de Alicante. El conflicto que arrastra la agrupación durante todo el mandato entre el secretario general en Alicante, Gabriel Echávarri, y parte del grupo municipal escenificó este jueves su enésima disensión, esta vez ante los juzgados. La concejal y diputada provincial Ana Paula Cid se reafirmó durante un acto de conciliación en sus críticas a Echávarri, a quien recriminó en septiembre en las redes sociales de “ser cómplice de la corrupción”, acusación que el dirigente considera una afrenta a su honor y por la que pide 18.000 euros de indemnización.

Las acusaciones de la concejal socialista, a quien secundaron unos 40 militantes del PSPV-PSOE y el mundo feminista, se retrotraen a las fechas en las que la policía emitió un informe sobre el plan urbano en la pedanía alicantina de Rabassa, un asunto judicializado en el que están imputados el empresario Enrique Ortiz y la alcaldesa alicantina Sonia Castedo. Según el informe, el histórico dirigente Ángel Franco, a quien muchos consideran padrino de Echávarri en el partido, fue hombre clave a la hora de conseguir contactos para que Ortiz sacara adelante su propuesta urbanística a cambio de prebendas.

La concejal, suspendida de militancia, consideró que Echávarri ha tolerado la corrupción “por omisión” y recordó que hace dos años ya le pidió junto a más de 50 militantes que abriera expediente y vigilara a Franco. Echávarri nunca accedió a ello pese a que las primeras filtraciones del caso publicadas en prensa constataban, según las escuchas, una relación entre el empresario y Franco. El dirigente, que no acudió al acto de conciliación, no decidirá si continua con la querella hasta después de las vacaciones navideñas.