El PNV no valoró el alcance del primer informe de Villalabeitia sobre Cabieces

Ninguno de los consejeros de Kutxabank a propuesta del PNV valoraron el alcance del informe presentado el pasado 26 de diciembre por Gregorio Villalabeitia ante el principal órgano de decisión de este banco vasco sobre un pago irregular detectado por una auditoría interna y que el propio presidente comunicó que iba a dar traslado al Banco de España. En realidad, tampoco se percataron el resto de miembros del consejo de administración hasta el punto de que ninguno de ellos supo en esa reunión quién había sido el destinatario del abono. De hecho, algunos sospecharon que “el tal Cabieces” —Villalabeitia no dio el nombre completo del político socialista— podría ser “alguien del PNV”, según ha sabido EL PAÍS de fuentes internas de la entidad. Más aún, nadie en aquel consejo de Kutxabank ni en el del pasado jueves preguntó a Villalabeitia cuál era el despacho que venía abonando la cantidad ahora denunciada.

Cuando en el consejo de administración de la pasada semana el presidente de Kutxabank comunicó su irrevocable decisión, a instancias del Banco Central Europeo, de acudir a la Fiscalía para denunciar los pagos abonados a Mikel Cabieces desde abril de 2012, los representantes del PNV no pudieron reprimir su perplejidad. Fue entonces cuando comprendieron que se les había ido el tema de las manos porque “no habían sabido ver su magnitud, al igual que les ocurrió a los demás”, admiten fuentes de Kutxabank.

En realidad, todo el consejo quiso entender en la reunión de diciembre que Villalabeitia iba a buscar una solución tendente a “arreglar los trapos sucios en casa”. Se extendió la creencia generalizada de que una irregularidad semejante “no volvería a repetirse” y que al no haber existido una desviación de bienes y servicios tampoco habría lugar a una sanción, sobre todo porque se iba a pedir a Mario Fernández que repusiera la cantidad total abonada a Cabieces. Y, sobre todo, se creyó que “no iba a coger el vuelo que ha cogido”.

Como demostración evidente de este cálculo confiado, tras el consejo de diciembre no hubo filtración alguna sobre la irregularidad desvelada. En cambio, el pasado jueves Kutxabank y el PSE-EE —partido al que pertenece Cabieces— se vieron obligados a emitir sendos comunicados una vez que fueron informados de que el tema era ya de dominio mediático.

En esencia, la resolución del Banco de España, a donde inicialmente acudió el presidente del banco vasco a contar la irregularidad, desbarató toda táctica cautelosa. El supervisor español lo comunicó de inmediato al Banco Central Europeo y éste, a su vez, ordenó al presidente de Kutxabank que se personara en Fráncfort para dar explicaciones. Es decir, Villalabeitia no acudió a la sede del BCE a denunciar a Fernández sino que fue instado a dar explicaciones sobre la irregularidad detectada.

Nadie en el consejo llegaba a comprender que Mario Fernández hubiera cometido un desliz en su gestión habida cuenta del unánime reconocimiento a su demostrada capacidad. De hecho, apenas surgieron preguntas sobre el informe que Villalabeitia les presentó en diciembre bajo la creencia compartida de que el anterior presidente “siempre sabía lo que hacía”. A este silencio incrédulo también contribuyó la “escasa confianza” entre los consejeros y el nuevo presidente, que había tomado posesión del cargo solo un mes antes y con quien los consejeros apenas contactaban al mantener su residencia familiar en Madrid.

Sin embargo, en la reunión del pasado jueves todo fue distinto. Durante una intensa hora y media los asistentes al consejo de administración de Kutxabank multiplicaron sus preguntas y preocupaciones sobre la dimensión judicial de la denuncia en la Fiscalía y la repercusión para la imagen de la entidad financiera. Fue ahí cuando los consejeros propuestos por el PNV comprendieron, principalmente, que se había ido demasiado lejos, y que, como sentenció el propio Villalabeitia, “ya no había marcha atrás”.

En la reunión se valoraron todas las opciones “imaginables” para mitigar el impacto de esta polémica, incluida la posibilidad de retirar la denuncia. Este escándalo se produce en plena oleada de corrupción y de convulsión política, aunque se trata de una cantidad de dinero nada alarmante y ya devuelta.

En el intenso debate del último consejo también se abordó el ámbito penal de la causa con las posibles repercusiones para la entidad y el anterior presidente. La devolución de la cantidad denunciada evita, de entrada, el posible quebranto, aunque fuentes jurídicas advirtieron del riesgo de una posible imputación por “administración desleal y de cohecho”, siempre pendiente de que la Fiscalía decide dar traslado de las diligencias al juzgado. Todo ello, en medio del ambiente previo a las próximas elecciones locales y forales.