El juez aprecia un posible cohecho continuado de Louzán y su esposa

El titular del Juzgado Mixto número 2 de Cambados rechazó este viernes el archivo de las diligencias abiertas el pasado abril por un presunto delito de cohecho continuado contra el presidente del PP provincial y de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y otro impropio contra el diputado provincial y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera. En un auto difundido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez Juan Manuel Hermo aprecia posibles delitos en la conducta de Louzán, su esposa y Reguera, denunciados en su día por la fiscalía. El juez contesta así a la petición de archivo formulada por el dirigente del PP y su pareja, según fuentes del citado tribunal, como propietarios de unos bajos situados en el barrio vigués de Navia que están alquilados a una empresa panificadora propiedad del diputado desde 2008. La fiscalía basa sus sospechas de supuesto soborno en que Louzán y su esposa alquilaron los locales al diputado provincial a un precio muy superior al del mercado.

 La misma resolución judicial señala que “el resultado de las diligencias de averiguación realizadas permiten sostener que los hechos investigados podrían dar lugar a un delito de cohecho impropio en el caso del diputado y a un delito continuado de cohecho en el caso del presidente de la Diputación y su esposa”. Con este auto, el juez acordó continuar las diligencias incoando procedimiento ante el tribunal del jurado por presuntas irregularidades en el alquiler y compra de los locales comerciales, denunciadas por el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, cuando remitió el caso al juzgado de Cambados. La resolución del juez abre paso a la convocatoria de las partes a una vista que será decisiva para el procedimiento. En ella el fiscal tendrá que decidir si sigue adelante con la imputación o solicita su archivo. Las defensas expondrán sus alegaciones a continuación. En caso de que el fiscal mantenga sus cargos, el juez deberá decidir si procesa a los denunciados.

La decisión del fiscal Santaló se basará en el análisis de las pruebas documentales solicitadas por el juzgado entre las que figuran informes de la Guardia Civil y un contrainforme presentado por la defensa de Louzán que defiende que el precio del arrendamiento se ajusta al habitual del mercado, La investigación sobre el supuesto sobreprecio de los alquileres partió de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Santiago en 2012 contra Louzán y Reguera, coincidiendo con la declaración pública de bienes de los diputados provinciales. Luego se le dio traslado al asunto a la Fiscalía de Pontevedra, que en marzo pasado citó a ambos políticos para que declarasen con sus abogados.

Al haberse agotado las prórrogas para seguir investigando y ante la falta de pruebas concluyentes, el fiscal acordó judicializar el caso tras someterlo al debate de la Junta de Fiscales ante la división de opiniones que había surgido. Unos se posicionaban a favor de continuar con la investigación y otros apoyaban el archivo. Ante las dudas se acordó proseguir con las diligencias. Las pesquisas de Augusto Santaló se centran en tres locales situados en la zona de Navia, en Vigo, que fueron alquilados por Reguera en 2008 al matrimonio Louzán, propietarios en régimen de gananciales, para ampliar su negocio de panaderías del grupo Bruno Pan, SL, que tiene otros negocios similares en Sanxenxo, Cambados y Vilagarcía. La propiedad de Louzán —que adquirió a una cooperativa de viviendas— aparece en la declaración de bienes de la Diputación con un valor catastral de 24.931 euros. El fiscal advirtió un sobreprecio por metro cuadrado respecto al resto de los alquileres del entorno que, en su opinión, no está justificado.

Un portavoz de la Diputación mostró su “sorpresa y perplejidad ante una noticia que tiene sus cauces legales pertinentes para ser transmitida y no a través de los medios”. El mismo portavoz indicó que el auto no fue notificado ni a la fiscalía ni a las defensas y aclaró que Louzán presentó en noviembre su solicitud de archivo, que ahora se declara “improcedente”.