Un caso que pone contra las cuerdas a la sanidad catalana de los últimos años

Con casi tres años de investigaciones, el caso Innova ha puesto contra las cuerdas a buena parte de los responsables de la sanidad catalana de las dos últimas décadas, nombrados al calor de los sucesivos Gobiernos del PSC y de CiU en la Generalitat. El macroproceso se instruye bajo secreto de sumario en los juzgados de Reus (Tarragona) y se extiende como una mancha de aceite: acumula al menos nueve piezas separadas y alrededor de 50 imputados, la mayoría políticos y dirigentes sanitarios. Las investigaciones se centran en adjudicaciones, generosas remuneraciones sufragadas con fondos públicos, favores políticos, pagos y contratos dudosos.

La opacidad y las puertas giratorias tejidas en el sector durante años empezaron a desmoronarse el 27 de febrero de 2013. Ese día, la Guardia Civil detuvo y registró por orden judicial los domicilios de dos hombres clave: Carles Manté y Josep Prat. Son dos de los últimos cuatro directores del Servicio Catalán de la Salud (Catsalut) y se encuentran imputados por delitos graves, entre ellos blanqueo y malversación. Prat también presidió el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Nombrado por el Gobierno de Artur Mas, el consejero de Salud, Boi Ruiz, lo defendió durante meses hasta que, en junio de 2012, dimitió después de revelarse que se habría lucrado al alquilar a la Generalitat un edificio de su propiedad que alberga un centro de menores.

Prat dirigió durante años Innova, el conglomerado de empresas del Ayuntamiento de Reus. Esta ciudad es el epicentro del caso: Manté fue contratado por este Consistorio poco después de abandonar el CatSalut. Está acusado de cobrar de Innova entre 2007 y 2011 al menos 720.000 euros (sin IVA) presuntamente por trabajos no realizados. El dinero fue pagado por el hospital local, financiado casi en su totalidad por el mismo CatSalut.

En medio de esta maraña de intereses, Manté, además, presidió una empresa de Innova dedicada a la investigación nutricional. La sociedad fue creada con fondos públicos y privados. Pero el Ayuntamiento de Reus asumió todos los riesgos avalando con tres millones de euros la aventura, que resultó un fiasco. Por este motivo están imputados todos los ediles del PSC, ERC e ICV que gobernaron Reus el pasado mandato.

a documentación incautada por la Guardia Civil en el domicilio de Prat reveló que las muchas ilegalidades investigadas en la sanidad catalana están relacionadas. Por ejemplo, el juez impuso en diciembre una fianza civil de 1,2 millones de euros al presidente de la patronal española de ambulancias, Bernardo Coslado, que controlaba este sector en las Tierras del Ebro. El empresario está acusado de pagar a Prat 5.000 euros al mes para beneficiar a sus sociedades en concursos de la Generalitat. La justicia escudriña en paralelo 640.295 euros cobrados por Coslado desde entes ligados a Innova, además de facturaciones dobles.