El juez procesa al alcalde y a otro candidato del PP en Tarifa

El juzgado de instrucción número tres de Algeciras (Cádiz) ha emitido un auto de apertura de juicio oral, contra el alcalde de Tarifa (Cádiz), Juan Andrés Gil (PP), y el candidato a la alcaldía de la pedanía de Facinas y exsecretario de Organización del PSOE pasado a las filas populares, Cristóbal Iglesias. El proceso se abre por presunta prevaricación en la contratación de este último.

La fiscalía solicita 12años de inhabilitación para cargo público para Juan Andrés Gil por un presunto delito de prevaricación así como ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros. Además, pide diez años de inhabilitación para cargo público para Cristóbal Iglesias y ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros.

Cristóbal Iglesias se pasó al PP meses antes de la celebración de las elecciones municipales de 2011 para ser candidato a la alcaldía de la pedanía de Facinas.

En su escrito, el fiscal detalla que Gil tomó posesión como alcalde en junio de 2011 y, poco después, decidió despedir a un funcionario que había sido designado a través de la oportuna mesa de contratación. El alcalde alegó que el empleado “no había superado el periodo de prueba”, pese a llevar sólo tres días en el puesto.

Según la fiscalía, el alcalde popular “tenía otros planes”: contratar a su compañero de partido Cristóbal Iglesias para agradecerle los servicios prestados y después de que no fuera elegido alcalde.

El portavoz y candidato a la alcaldía del PSOE, Francisco Ruiz, pidió este lunes “la inmediata dimisión” del regidor tarifeño. “Ha pasado a ser más que un imputado, que es la línea roja que su partido y el nuestro entre otros se han marcado para que no se pueda estar en política y por eso, creemos que no debe ser candidato en las próximas elecciones municipales”, afirmó Ruiz.

Los socialistas tarifeños también pidieron la renuncia de Cristóbal Iglesias quien fue contratado, mediante una primera resolución del 7 de junio de 2011, como trabajador temporal del área de Cultura en el puesto del funcionario despedido. Según apunta la Fiscalía, “el alcalde dictó una resolución que encabezó como providencia, a sabiendas de que era contraria a derecho”. Posteriormente, en julio de 2011, Juan Andrés Gil dictó el decreto de alcaldía por el que designaba a Iglesias como personal laboral temporal., "a pesar de que supuestamente conocía el carácter antijurídico del mismo".

Debido a que el alcalde del PP hizo caso omiso a las advertencias de los altos funcionarios del Ayuntamiento, el ministerio público considera que, el alcalde es autor de un delito de prevaricación, del que también se acusa a Iglesias como cooperador necesario.

En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público reclama que ambos acusados "indemnicen conjunta y solidariamente al funcionario despedido en su día con el importe que se determine en ejecución de sentencia correspondiente a todos los sueldos que hubiera percibido, de no haber sido injustamente despedido por la acción criminal de los acusados".

El alcalde tarifeño aseguró ayer, estar "tranquilo", ya que "el fiscal informa de lo que cree conveniente, pero no significa que tenga razón". "Espero que en el juicio oral se aclare todo, porque no existe razón para que se produzca una sentencia condenatoria de inhabilitación para mí", apostilló Juan Andrés Gil, quien recordó al PSOE local que, "hubo un alcalde de esa formación que estuvo imputado cinco años por un caso mucho más grave que sigue pendiente de juicio y nunca dimitió". "No creo que ahora deba yo hacer lo que ellos no han hecho nunca", concluyó.