Arranca el primer juicio a la trama Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia valenciano inicia el martes el segundo juicio del caso Gürtel después del que sentó en el banquillo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general regional de los populares Ricardo Costa, absueltos por un jurado de la acusación de haber recibido trajes y otras prendas de vestir. En esta ocasión no está en juego, como entonces, una multa. Sino penas que alcanzan los 11 años de prisión, solicitadas por la Fiscalía y los socialistas para siete excargos de la Generalitat y seis personas vinculadas a la red que dirigía Francisco Correa.

Será la primera vez que se juzgue al líder y al resto de cabecillas de la supuesta trama corrupta. Entre los acusados por adjudicar contratos presuntamente amañados por importe de cinco millones de euros se encuentran también dos exconsejeras de Turismo de Camps. Angélica Such, para quien el ministerio público pide nueve años de inhabilitación especial como autora de un delito continuado de prevaricación. Y Milagrosa Martínez, para quien reclama 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación por el mismo delito además de por los de malversación de caudales públicos y cohecho.

Cuando la investigación del juez Baltasar Garzón salió a la luz, en 2009, el PP valenciano cerró filas con las exconsejeras. Pero ya no es así. Ambas renunciaron a sus actas de diputadas hace un año presionadas por la dirección regional. Y hace una semana Martínez, que fue presidenta de las Cortes Valencianas hasta 2011, perdió la condición de militante tras haberse negado a dimitir como le exigía el partido del cargo de alcaldesa Novelda, un municipio de 26.000 habitantes del interior de Alicante.

Según la Fiscalía, Martínez y otros cargos públicos realizaron en 2004 una “remisión subrepticia y anticipada de documentos internos” relacionados con el concurso público para el diseño, montaje y desmontaje del expositor de la Generalitat valenciana en Fitur a las empresas de Correa. Una filtración que se “complementó con la modificación sustancial en las condiciones del proceso de selección del adjudicatario del certamen”. Los criterios objetivos fueron relegados y ganaron peso elementos como la "creatividad" de las propuestas. “Todo ello con el inequívoco propósito de hacer posible la adjudicación a la empresa Orange Market”, la filial valenciana, administrada por Álvaro Pérez, El Bigotes, de la trama.

“En circunstancias normales”, mantienen los fiscales, Orange Market “no solo no habría podido ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida en el concurso” porque no cumplía los requisitos. El ministerio público sostiene que las trampas se repitieron en las cuatro ediciones siguientes de la convocatoria pública, que además de Fitur incluían ferias más pequeñas en Barcelona, Valencia, Bilbao y Valladolid. Y que la red agradeció las adjudicaciones con “obsequios” a los cargos de la Generalitat.

Correa y Pérez se enfrentan a 10 años de cárcel. Frente a los largos escritos de las acusaciones, su defensa ante el tribunal contiene una sola frase: “Negamos los hechos”.

Martínez, que declaró ante el juez instructor José Ceres que los consejeros eran “como faraones”, argumenta que “en ningún momento conoció ni tomó parte en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas o económicas que debían regir el concurso” de Fitur. Y que firmó las adjudicaciones “confiando en todo momento en las funciones y capacidad profesional que desempeñaban los técnicos de las distintas áreas”.

La expresidenta del Parlamento autonómico mantiene que “nunca recibió ningún regalo por parte de don Álvaro Pérez ni de ninguna otra persona vinculada a Orange Market, siendo falso que recibiera un reloj Hublot”. Según los fiscales, a Martínez le obsequiaron con un reloj de la marca suiza que Correa compró en la joyería Suárez de la calle Serrano número 63 de Madrid por 2.400 euros.

Compartirá banquillo con las exconsejeras el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que sí fue condenado en el caso de los trajes, para quien la Fiscalía solicita 11 años de cárcel y 26 de inhabilitación. El considerado número dos de la red, Pablo Crespo, que se enfrenta a 11 años y medio de prisión. Cuatro cargos intermedios de la Agencia Valencia de Turismo. Y tres empleados de las sociedades de Correa.

Los presuntos cabecillas de la red, señala el fiscal, “decidieron extender su actividad” a Valencia desde Madrid en 2003. En los seis años siguientes, hasta que fueron detenidos, lograron según los fiscales “numerosos contratos con organismos de la Generalitat”. El juicio que empieza el martes abarca una de las seis piezas separadas de la causa abierta en el Tribunal Superior valenciano. Durará hasta octubre y pasarán por la sala 108 testigos, incluido Camps. En otras piezas del procedimiento se investigan supuestas irregularidades en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia y la presunta financiación ilegal del PP valenciano.