El TSJC asesta un duro golpe al PSC a dos meses para las municipales

El Partit dels Socialistes de Catalunya sufrió ayer un varapalo judicial de primer orden a menos de dos meses para las elecciones municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a 16 meses de prisión al exnúmero dos del partido, Daniel Fernández, y al exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, por presionar a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que amañara unas oposiciones. La edil también ha sido condenada a una pena de inhabilitación, lo que le impide volverse a presentar.

El caso es una pieza separada del caso Mercurio de corrupción urbanística y tráfico de influencias. Los magistrados han considerado probado que Daniel Fernández, Manuel Bustos y su hermano Francisco —también condenado a un año y cuatro meses de cárcel— cometieron un delito de tráfico de influencias al “abordar, asediar y finalmente convencer” a María Elena Pérez para que modificara el criterio de la empresa de selección de personal para facilitar el fichaje de Carmina Llumà, que trabajó en la Generalitat durante la época del tripartito.

La alcaldesa ha sido condenada a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al considerarse probado que cedió a las presiones de Fernández y Bustos y modificó las condiciones del concurso para colocar a LLumà.

Según la sentencia, inicialmente fueron los hermanos Bustos quienes comenzaron a presionar a la alcaldesa utilizando sus cargos orgánicos dentro del partido y sus cargos institucionales. En aquel momento Bustos era, además de alcalde de Sabadell, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña. Al no conseguir su objetivo los hermanos Bustos buscaron la colaboración de Daniel Fernández, entonces secretario de organización del PSC. La entrada en escena de Fernández provocó según los jueces “un verdadero salto cualitativo en la intensidad de la influencia hasta entonces desplegada”.

 “Inexplicable cambio”

 Con el objetivo de “no contrariar al secretario de organización y número dos de su partido”, Pérez convocó de forma urgente y sin apenas antelación una reunión con el tribunal evaluador y la empresa que se encargaba del proceso de selección para imponer un “inexplicable cambio de criterio” en el proceso.

El fallo sostiene que Fernández y los hermanos Bustos eran plenamente conscientes de que estaban infringiendo las reglas de selección del Ayuntamiento para colocar como directora del área de Urbanismo en el municipio a Carmina Llumà y que abocaban a la alcaldesa a dictar una resolución “manifiestamente injusta y contraria a los principios que deben guiar la actuación de cualquier Administración”.

El interés de Bustos por colocar a Llumà se debe a que era esposa del jefe del área jurídica del ayuntamiento vallesano.

La sentencia cuenta con el voto particular del presidente del TSJC y presidente del tribunal de esta causa, Miguel Angel Gimeno, que muestra su “discrepancia” a la condena impuesta por la sala —formada por los magistrados Maria Eugènia Alegret y Carlos Ramos— en el caso concreto de Fernández, ya que considera que el fallo da por probados hechos que no habían sido objeto de acusación, en concreto una supuesta llamada telefónica.

Gimeno relata que la acusación de tráfico de influencias a Fernández se basaba en una reunión que mantuvo con Pérez el 18 de mayo en la sede del PSC en Barcelona, pero que se demostró en juicio que este encuentro tuvo lugar ya después de que la alcaldesa y los técnicos modificaran la calificación de Llumà, por lo que, según él, no pudo haber influido.

Para condenarlo, el tribunal se basa, por el contrario, en una supuesta llamada telefónica previa —no intervenida porque solo estaba pinchado el teléfono de Manuel Bustos por la investigación del caso Mercurio— en la que se le le instó a cambiar los criterios después de que uno de los acusados le pidiese que lo hiciese: “El anuncio de una llamada no supone que se realice”, con lo que cree que esta prueba carece de solidez para condenarlo por tráfico de influencias.

Bustos y el resto de condenados se basarán en este significativo voto particular para basar sus recursos. El exalcalde de Sabadell ya anunció ayer a través de las redes sociales que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. “No compartimos la resolución judicial, consideramos que la sentencia es totalmente desproporcionada y por esta razón nuestros abogados presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, explica Manuel Bustos en su cuenta en Facebook.

La alcaldesa de Montcada debe renunciar a la reelección al ser inhabilitada

Además, defiende que nunca hubo presiones sobre los técnicos ni sobre la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, en el proceso de selección del responsable de política territorial del consistorio.

“Una vez más, quiero manifestar que siempre hemos estado convencidos que se trataba de un cargo de confianza y, tal y como manifestaron ellos mismos en el juicio, nadie presionó a ninguno de los técnicos implicados en el proceso de selección ni se pretendió vulnerar la ley de la función pública”, puntualiza Bustos.

La reacción del PSC a la sentencia fue rápida. La portavoz del partido, Esther Niubó, compareció poco después de conocerse el fallo para anunciar que los cuatro condenados habían sido suspendidos de militancia a petición propia y que abandonan todos sus cargos. Los más directamente afectados por ello son Manuel Bustos, que tendrá que abandonar el cargo de concejal de Sabadell, y Maria Elena Pérez, que no podrá optar a la reelección para la alcaldía de Montcada i Reixach. En estos momentos, Pérez ya no actúa como alcaldesa porque está de baja por maternidad. Niubó fue tajante sobre la posición del partido con los condenados. “Como compañeros les hemos acompañado y apoyado, pero la justicia y la sentencia ha sido clara”, certificó.