Una investidura marcada por las urnas y el ‘caso ERE’

Tras su victoria en las elecciones autonómicas del pasado 22 de marzo, el PSOE negocia a varias bandas la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Como punto de partida, todas las formaciones están planteando posiciones de máximos que hacen muy difícil el proceso de designación. Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo y las declaraciones de la antigua cúpula de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE son factores que complican las conversaciones.

El PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida sostienen que votarán en contra de la investidura de Díaz en cuantas votaciones se celebren, salvo que se cumplan determinadas condiciones, lo que abocaría a la comunidad a una nueva convocatoria electoral, un escenario que ningún partido, en realidad, contempla ni desea.

Díaz obtuvo 47 diputados en las pasadas elecciones, ocho por debajo del umbral de la mayoría absoluta (55). La primera sesión de investidura está prevista para el 29 de abril, una cita en la que la candidata socialista necesitaría una mayoría absoluta que, a tenor de las posiciones de los demás partidos, es imposible. Dos días después se celebraría la segunda sesión, en la que Díaz ya saldría investida con una mayoría simple. Para ello tendría que contar con la abstención del PP (33 escaños) o la de Podemos (15) más el apoyo de, al menos, otro diputado de los otros dos grupos que componen la Cámara autonómica: Ciudadanos (nueve) e Izquierda Unida (cinco).

Desde la primera sesión de investidura pueden transcurrir dos meses para elegir a Díaz como presidenta de la Junta, es decir, se podría llegar hasta finales de junio, lo que supondría tener un Gobierno en funciones durante más de tres meses. Si nadie cede, Andalucía tendría que acudir de nuevo a las urnas.

“Nadie quiere de nuevo elecciones”, sostienen fuentes del PP, un partido que da por seguro que la investidura de Díaz no se producirá hasta que se celebren las municipales y autonómicas de mayo. “Antes de esa fecha, nadie va a ceder”, añaden estas fuentes. Es un análisis en el que también coincide Izquierda Unida. “Las elecciones del 24 de mayo condicionan todo. Después, sin duda, habrá pactos”, afirman fuentes de la federación de izquierdas.

Los socialistas, por el contrario, confían en que algunos de los partidos que tienen en su mano la investidura hagan un viraje antes. “¿Cuántas fotos van a aguantar Mariano Rajoy y Pablo Iglesias viendo que votan juntos PP y Podemos en contra de la formación de un Gobierno en Andalucía?”, señalan fuentes del PSOE, que dan por seguro que los ciudadanos no entenderían que se formase una “pinza” entre estas dos formaciones antagónicas.

Tras las elecciones, Díaz apeló a la “responsabilidad” de todas las formaciones para facilitar su investidura, pero en los últimos días ha dado un giro para poner presión sobre el PP y Podemos, la única suma (impensable) que supera los 47 diputados del PSOE. “La gente quiere estabilidad. La aritmética solo permite que pueda formar Gobierno el PSOE o que se junten PP y Podemos y haya otro Gobierno”, ha dicho Díaz, que acusa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de boicotear la “estabilidad” de la comunidad por haber arrinconado la idea de dejar gobernar la lista más votada. El PP ha condicionado su voto, precisamente, a que el PSOE respete la lista más votada en las elecciones de mayo. Fuentes de este partido subrayan, no obstante, que en caso de que Andalucía se dirigiese de cabeza a una nueva convocatoria electoral la dirección del PP andaluz se replantearía su negativa y optaría por la abstención.

Podemos ha fijado finalmente tres “líneas rojas”: la renuncia al escaño de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE; que la Junta de Andalucía no tenga convenios con bancos que desahucien y una reducción drástica de altos cargos en la Administración andaluza. Ciudadanos ha vinculado su voto también a la renuncia de Chaves y Griñán, que representan 25 años de gobierno del PSOE en Andalucía y son todo un símbolo para muchos dirigentes socialistas. Díaz ha reiterado que si el Supremo actúa contra ellos al apreciar indicios de delito en su actuación, les pedirá el acta, un gesto que es insuficiente para Podemos y Ciudadanos. IU, por su parte, rechaza cualquier acuerdo con los socialistas, a quienes reprochan la ruptura del Gobierno de coalición de la pasada legislatura.