Urkullu tiene 2 meses para corregir las disfunciones del caso De Miguel

Los grupos parlamentarios desconfían de que el Ejecutivo vaya a tomar en consideración con carácter urgente las recomendaciones de la comisión especial del denominado "caso De Miguel". Todos los grupos de la Cámara, excepto el PNV que se ha abstenido, han apoyado una moción del PP que pide al Gobierno de Iñigo Urkullu que antes de que acabe el actual periodo de sesiones, en julio, presente un informe sobre el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones. Es decir, le dan dos meses para finalizarlo.

Aquel dictamen atribuía responsabilidades políticas a excargos del PNV y planteaba una serie de recomendaciones al Gobierno de Íñigo Urkullu orientadas a que intensificara sus controles para una correcta administración de los recursos públicos y a renglón seguido remitiese a la Cámara una nueva legislación en "aras a una mayor transparencia de la actividad política". El 10 de mayo de 2012 el pleno del Parlamento aprobó el dictamen de la Comisión especial creada para investigar las presuntas irregularidades en contrataciones de los departamentos de Cultura e Industria, así como sobre el presunto espionaje de agentes de la Ertzaintza, dentro de la supuesta trama de cobro de comisiones que investiga un Juzgado de Vitoria y que cuenta con 26 imputados, muchos de ellos vinculados al PNV. 

Las recomendaciones iban más allá y pedían al Ejecutivo autonómico que iniciara los procedimientos legales pertinentes para recuperar los fondos públicos abonados a empresas como Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga por servicios no dados. También solicitaba al Gobierno que modificara la ley para que su oficina de control económico pueda verificar físicamente la presentación de los trabajos realizados como condición previa para el abono de facturas.

Las recomendaciones eran una parte fundamental del dictamen"

El PP ha recordado desde la tribuna que las recomendaciones fueron una "parte fundamental" del cuerpo de las conclusiones de aquella comisión de investigación. Su portavoz Carmelo barrio ha defendido, y ha logrado sacarlo adelante, que este informe lo presente el Gobierno vasco en el actual periodo de sesiones para que se puedan tomar las medidas legislativas necesarias para mejorar los sistemas de control.

El PNV ha vuelto a ir contra todos tras asegurar que el Gobierno ya está en ello pero necesita tiempo. María Eugenia Arrizabalaga (PNV) ha augurado que el informe que está elaborando el Gobierno al respeto será "francamente bueno" y ha dicho que la "premura" con la que se solicita su presentación es "excesiva". Arrizabalaga ha recordado que, "por casualidad" el cierre de la instrucción judicial del caso se ha hecho en "vísperas de las elecciones" de mayo y ha coincidido con otros dirigentes de su partido en que en el auto del juez instructor hay párrafos copiados de las conclusiones de la comisión de investigación.

Igor López de Munain de EH Bildu ha dicho que el parece extremadamente raro tener que pedir al Ejecutivo que cumpla con las previsiones del parlamento, sobre odo después de que el denominado caso De Miguel tiene 26 personas imputadas, en el "mayor caso de corrupción de la historia de Álava". López de Munain ha destacado que el Gobierno no ha recuperado el dinero pagado a unas empresas por servicios que no realizó y por "clientelismo político" y ha dicho que el PNV, como el PP en el caso Bárcenas, "no es sincero" cuando dice que desconocía esas prácticas. José Antonio Pastor (PSE-EE) ha aclarado que hay una "vertiente judicial" del caso y otra política o administrativa que es a la que hacen referencia las recomendaciones de la comisión de investigación, con la petición de recuperar los fondos y mejorar los mecanismos de control.

Gorka Maneiro (UPyD) ha pedido que, además de solicitar este informe, el Parlamento rechace las "inaceptables declaraciones de destacados" dirigentes del PNV contra las actuaciones de la Justicia en este caso, hechas con el "único y antidemocrático propósito de presionar y condicionar dichas actuaciones".