Bildu y el PSE piden cuotas sociales para los afectados por Lanbide

No será ni el primero, ni el segundo, sino el tercer recado del Parlamento y del Ararteko a los máximos responsables del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Bildu y el PSE solicitarán en la Cámara de Vitoria al consejero del ramo, Ángel Toña, que sea receptivo a una demanda cada vez más dolorosa de muchos afectados por los pagos indebidos de Lanbide que tienen serias dificultades para devolver la deuda generada a razón del 30% mensual de lo que reciben en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 

Los dos partidos coinciden con el Ararteko en que la ley permite atenuar los pagos para devolver la deuda desde un mínimo del 5% de la RGI hasta un máximo del 30% de lo que reciben, y le volverán a exigir al consejero que sea sensible a esas peticiones.

Bildu solicita a Toña en una proposición no de ley que asuma unas cuotas sociales de 30 euros mensuales en vez del 30%, y los socialistas, en una enmienda a la totalidad, piden el estudio personalizado de cada caso para adaptar esas cuotas a las necesidades reales de cada perceptor.

Lanbide está aplicando casi de forma sistemática ese porcentaje máximo. Quien cobra 690 euros en concepto de RGI, devuelve mensualmente unos 240 euros. Cada vez más afectados comunican que se encuentran en una situación comprometida al no poder hacer frente a ese volumen de devoluciones.

La coalición ‘abertzale’ propone reintegros de30 euros mensuales

La Asociación de Afectados por Lanbide ya reclamó una cuota social en una comparecencia parlamentaria en la que sus responsables desgranaron los casos de varias personas con problemas reales para afrontar esas deudas. “Nadie se niega a devolver el dinero”, recordó aquel día su portavoz Vicky Molina, “pero en esos casos la RGI pierde la función para la que nació, evitar la pobreza”.

La enmienda socialista al texto de la izquierda abertzale precisa que la administración tiene capacidad, a través del artículo 57 del decreto que lo regula, para “suspender el pago hasta un mejor momento, o bien aplazar la devolución de las cantidades, o incluso fijar una cuota social mensual atendiendo a la solicitud rogada de la persona afectada o previo informe de los servicios sociales de base”. En su enmienda, la parlamentaria del PSE Txaro Sarasua explica que se trata de tener en cuenta la situación económica de la unidad de convivencia, de manera que las familias puedan llevar una vida digna y cubrir sus necesidades básicas.

Los socialistas plantean estudiar la situación de cada familia

El PSE insta al Gobierno a que establezca los diferentes trámites previos a la resolución en la que se fija la cuantía del pago indebido, considerando uno de ellos la audiencia previa. Además, le pide que informe de forma personalizada a cada uno de los afectados de los motivos, cuantía y periodo de devolución para que las personas afectadas, más de 85.000 expedientes, puedan acogerse a una defensa real, aplicando a partir de ese momento los plazos y cuantías, pero en función de la disponibilidad económica y situación familiar de cada uno de los afectados.

En total fueron 86.000 familias, precisa la plataforma de afectados, las que recibieron ingresos de más, de entre 500 euros, y casos extremos de varios miles de euros. En algunos casos ha superado los 16.000 y los 18.000 euros. Los perceptores de ayudas sociales adeudan a Lanbide 86,3 millones en concepto de pagos indebidos tanto de la RGI como de los complementos de vivienda “Esto no es un fraude. Es una mala gestión. No somos defraudadores y queremos devolver hasta el último euro”, dijo Molina en el Parlamento.

Entonces propusieron un sencillo cambio legislativo para introducir una cuota social en la devolución y permita el pago aplazado con cuotas mensuales de 30 euros, siempre con un informe previo de los servicios de base en el que se recomendara la cuota social.

Sarasua cree que el artículo 57 del decreto 147/2010 de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos, recoge esas previsiones. Las cuotas atenuadas, en vez de ser fijas serían variables, en función de los casos individuales, y se podrían desde suspender hasta aplazar o incluso bajar de los 30 euros, sin modificaciones legislativas.

El Gobierno no ha comunicado que vaya a tomar ninguna decisión tendente a atenuar las cuotas de las devoluciones como le piden muchos de los afectados. “La administración está obligada a recuperar el dinero pagado de forma indebida, pero no está obligado a recuperar a razón del 30% de lo que paga mensualmente”, criticó el miércoles Sarasua.