Euskadi garantizará la vivienda en alquiler como un derecho subjetivo

Euskadi tendrá la primera ley que ofrece a los ciudadanos una vivienda en alquiler como un derecho subjetivo. Los socialistas vascos se han salido con la suya después de dos años de tramitación y a falta de los últimos retoques en comisión y de la votación definitiva en pleno, que se prevé en junio, han llegado hoy a un acuerdo con la izquierda abertzale (EH Bildu) y UPyD en el dictamen del proyecto de Ley de Vivienda, que garantiza su aprobación y la aplicación de una serie de elementos como la expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, y el canon obligatorio por vivienda vacía, que en opinión de los partidos que la apoyan "es un paso adelante en contra de la especulación".

El objetivo es, según uno de los impulsores de la Ley, Bixen Itsaso, del PSE, convertir en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y fija que los “poderes públicos promoverán las condiciones necesarias” para ello. La oposición va a marcar el camino en politica de vivienda al Gobierno vasco ya que la ley se aprobará en contra, inicialmente, del criterio del PNV, partido que Gobierna en Euskadi, y del PP. Entre el PSE, EH Bildu y UPyD, disponen de 38 escaños frente a los 37 del partido de Iñigo Urkullu y de los populares de Arantza Quiroga.

Se podrá reclamar

Por si acaso el Ejecutivo de Iñigo Urkullu retrasa la reglamentación de las condiciones de acceso a una vivienda en alquiler, el proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros. Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la “renta disponible” de cada unidad familiar, o el 15% sin los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Los aspectos más controvertidos del proyecto son la expropiación forzosa del uso a los bancos cuando la administración no disponga de un piso que ofrecer a una persona a la que van a desahuciar, y el canon de las viviendas vacías para aquellas declaradas así después de dos años. Ese canon anual será de 10 euros por metros cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar. Además, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque propio de viviendas se destinará al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.

PNV y PP se quedan al margen de este consenso, cuestionan la viabilidad económica de la medida y sostienen que la prestación complementaria de vivienda ya cumple esa función. En la actualidad las personas que tienen derecho a la Renta de Garantía de Ingresos y la cobran pueden acceder a la Pensión Complementaria de Vivienda, que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado el impacto en diez años de 760 millones de euros, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año. Para el PNV no es sostenible un impacto de 160 millones anuales entre los dos conceptos.

La portavoz de EH Bildu sin embargo cree que "el dinero existe, solo se trata de establecer las prioridades, y para nosotros es una prioridad". Para el portavoz del UPyD, Gorka Maneiro "el proyecto es "justo y progresista" y por eso lo defienden.