¿Es eficiente limitar los sueldos a 2.200 euros al mes?

El código ético de Barcelona en comú limita los sueldos de los cargos electos, de los gerentes y del personal de confianza a 2.200 euros al mes, con dietas incluidas. El compromiso, que es de cumplimiento obligado, advierte que “el sueldo será variable también en función de las responsabilidades”, es decir, que en algunos casos será incluso inferior, y asegura que “esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las responsabilidades y funciones que supone el cargo asumido”.

El cambio supone un importante recorte salarial. En los casos mejor pagados, el sueldo estaría sobre los 37.000 euros anuales, si se calculan 14 pagas más un 20% de retención. Actualmente, las personas que desarrollan estas funciones tienen nóminas mucho más generosas. El alcalde cobra (dietas aparte) 109.939 euros, mientras que los cargos electos, en función de las responsabilidades que asuman, oscilan entre los 32.616 y los 98.192 euros. Los gerentes se mueven en una horquilla de entre 60.000 y 147.000 euros y el personal eventual va de los 25.000 a los 69.500 euros. Todos estos sueldos se pueden consultar en la web del Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Barcelona.

En medio de todos los escándalos de corrupción y del desprestigio que sufre la política, esta medida puede despertar las simpatías de gran parte de la ciudadanía. Pero, ¿es realmente eficiente?

El secretario general de Esade, Francisco Longo, está convencido de que esta medida sólo traerá problemas. En primer lugar, porque "desincentiva mucho el crecimiento profesional", puesto que sin tener la motivación de un aumento de sueldo, puede haber trabajadores que no se esfuercen tanto. Además, hay el riesgo que "no se pueda retener a la gente que funciona" y acabe cambiando de trabajo para conseguir más retribución. En segundo lugar, Longo advierte que también será difícil "atraer el talento que hay en el mercado", porque quiere ser bien pagado. Es difícil encontrar personas que estén dispuestas a renunciar a buena parte de su sueldo por desarrollar una función pública. Además, si el resto de administraciones pagan mejor, tampoco puedes aspirar a contratar profesionales de otros ayuntamientos.

Y en tercer lugar y, según el responsable de Esade, lo más importante, porque "el mensaje que transmites al decir que gobernar Barcelona vale 2.200 euros al mes es que das poco valor a lo que representa la política". Desde su punto de vista, hay que ir en contra de la corrupción y esclarecer la financiación de los partidos, pero bajar los sueldos de los políticos no es la solución. "Da un poco de vergüenza que el presidente del Gobierno español cobre menos de 80.000 euros el año, porque quiere decir que valoramos muy poco lo que hace".

La medida de Colau provocará algunas situaciones inéditas, como por ejemplo, que haya agentes de la Guardia Urbana o Bomberos que cobren más que el mismo alcalde o que la diferencia entre el trabajador peor pagado y el que más cobre del Ayuntamiento no sea ni de 1/2. Longo recuerda que "los sectores que más se han ocupado de manera crítica de las diferencias salariales de las compañías hablan de 1/8", una proporción que "ya es radical teniendo en cuenta que hay empresas donde la diferencia es de 1/400".

La portavoz de CC OO en Barcelona, Dolors Llobet, prefiere no pronunciarse sobre el caso concreto del equipo de Ada Colau, pero sí que recordó que “en este país hay una brecha salarial demasiado grande entre los directivos y los sueldos medianos”, que habría que corregir. Desde su punto ver, la escalera 1/8 de diferencia salarial sería la más adecuada, siguiendo criterios de “responsabilidad social”.

A pesar de no referirse al caso concreto del Ayuntamiento de Barcelona, Llobet considera que “cualquier trabajador tiene que tener un salario de acuerdo con la calificación que tiene y respetando la dignidad del trabajo”. Según su opinión, “el que más gana no es tanto el salario de los políticos, sino la transparencia”.

Lo que todavía no ha explicado BComú es que hará con el dinero que dejen de cobrar: se pueden quedar en la caja del Ayuntamiento, se pueden ingresar en el partido o se pueden dar a entidades y movimientos. Esta última opción es la que sigue la CUP. Ninguna persona de esta candidatura (incluidos los que están liberados y los que trabajan en alguna administración pública) cobra más de 1.600 euros al mes. La diferencia entre el dinero que les paga la administración y estos 1.600 euros se destina a diferentes luchas sociales, como por ejemplo a la huelga de Movistar.