La EMV, condenada a pagar 2 millones por no arreglar unas viviendas sociales

El Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid ha condenado la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a pagar 1,9 millones de euros para arreglar los desperfectos de unas viviendas sociales en el barrio madrileño de Vallecas. 

El auto del juez Jaime Maldonado Ramos, que estima la demanda interpuesta por la comunidad de vecinos asistidos por el abogado Mario Ledesma, se basa en una pericia que esgrima una extensa lista de desperfectos, identificados como defectos de construcción. Incluye la falta de acceso para minusvalidos. "grietas y fisuras en las fachadas, [...] defectos de anclaje de chapas, problemas en la cerrajería metálicas (oxidaciones y corrosiones, [...] deficiencias de soldadura y de atornillamiento" así como "problemas en la pavimentación de zonas comunes, [...] acumulación de agua" y "deficiencias en la ejecución y remate de la impermeabilización, [...] humedades en el portal y deficiente aislamiento térmico".

Los peritos de la EMVS, sin embargo, no apreciaron ningún problema que pudiese afectar "a las condiciones de estabilidad de la estructura ni a la habitabilidad de las viviendas", salvo que por aislamiento térmico no suficiente en las primeras plantas de los edificios. Por lo que tiene que ver con los desperfectos en los espacios comunes, se limitaron a considerarlos de mero carácter estético, que no interfieren "con la funcionalidad normal y el usos de los proprios espacios". Conclusión: con poco más de 65.000 euros el edificio se podría arreglar.

El informe que la comunidad de vecinos había encargado para fundamentar su demanda, por el contrario, cuantificaba el gasto necesario para arreglar los desperfectos en poco más e 1,8 millones de euros, una cifra casi equivalente a la establecida en el documento redactado por la colegiada del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que designó el Juzgado.

El juez cita en su auto la demanda de los inquilinos, en la que se explica que cuando la viviendas fueron entregadas, en octubre de 2008, el certificado final de obra dejaba patentes una serie de reservas que hubiesen tenido que subsanarse en 15 días. Pero "al poco tiempo de haber tomado posesión de las viviendas los vecinos de la comunidad comenzaron a evidenciar la aparición de deficiencias constructivas que afectan gravemente a las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de las fincas" a un nivel "fuera de lugar para un edificio de nueva construcción".

La demanda evidencia también "la falta de control pasmosa y clamorosa" de la EMVS, a empezar por el retraso en resolver el contrato con la primera constructora que se encargó de las obras, Prasi, pese a que hubiese declarado el concurso de acreedores. Destaca además el presupuesto "dudosamente viable y exiguo" presentado por la empresa adjudicataria y también el hecho de que se excedieron los 20 meses previstos en el primer contrato entre constructora y promotora para finalizar la obra, que se acabó solo después una secunda licitación y años más tarde respecto a la fecha inicialmente prevista.