La familia de Isabel Fuentes recurrirá el archivo del expediente a la juez

La familia de la mujer que falleció tras ser acuchillada supuestamente por su marido en el Complexo Hospitario Universitario de Ourense (CHUO), Isabel Fuentes, recurrirá el archivo del expediente a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín a raíz de la muerte violenta ocurrida el 8 de mayo de 2015.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la abogada de la familia, Beatriz Seijo, que ha pedido, asimismo, un "pronunciamiento expreso" de la Fiscalía y de la Guardia Civil "desmintiendo lo que en esta resolución se dice".

Tras comentar la letrada que la Fiscalía le había asegurado en privado que "su señoría no mandó el atestado", sino que le informó "telefónicamente", ha pedido al Ministerio Público que lo desmienta tras recoger la resolución de archivo que la Fiscalía "tampoco promovió petición o cuestión alguna, ni recurrió el auto".

"Si se posicionan con el silencio o con el concierto con lo que aquí se dice, que es distinto a lo que se me dijo en las entrevistas, están mintiendo", ha subrayado la abogada, que lamenta que de ser así "habrá que concluir que ante un fallo del sistema se tapa, oculta y aquí no pasa nada".

Seijo sostiene que con esta resolución judicial "están en entredicho" las instituciones de la judicatura, Fiscalía y Guardia Civil. "Sigo creyendo que Fiscalía y la Guardia Civil no me han mentido. A ver cómo se posicionan ahora, si se desdicen de lo que me informaron", ha apostillado.

Por ello, la familia de la fallecida recurrirá la resolución del Promotor de la Acción Disciplinaria (PAD) "porque lo que se resuelve no se corresponde para nada, en absoluto, con lo que fue motivo en su día de la entrevista con Fiscalía y la Guardia Civil".

En este sentido, ha lamentado la abogada que "la investigación llevada a cabo ha prescindido totalmente de contactar con ambos" --Fiscalía y Guardia Civil--, por lo que ha reprochado que "únicamente se ha acudido a que su señoría de la versión que le parezca oportuna". "La situación ha adquirido tintes de gravedad extrema", ha sentenciado.

Asimismo, la abogada ha insistido en criticar la "ocultación absoluta" al "no mandar" el atestado en el que se apuntaba inicialmente la posibilidad de supuestos malos tratos. "Voy a decir en que consiste la negligencia, consiste en no mandar al Ministerio Fiscal ese informe, en hacer una llamada telefónica", ha destacado.

En esta línea, la abogada de la familia de la víctima sostiene que la jueza "le ocultó su verdadero contenido". "Me dijo (fiscal) que si hubiéramos tenido el contenido del atestado que conocimos después del fallecimiento hubiéramos intentado la comparecencia y que se hubieran adoptado medidas", ha abundado.

"Es la gran verdad de este asunto, tiene unos tintes gravísimos, me parece escandaloso", ha reprochado, al tiempo que ha recordado que pedía en su queja la letrada que "se tomara declaración a los agentes de la Guardia Civil" porque "entendía que había una negligencia clara".

Con todo, ha querido puntualizar que no discute "una decisión judicial" por "respeto a la autonomía de los jueces", sino que plantea que "su señoría no mandó el atestado a la Fiscalía" y "se le informa telefónicamente".

Así, ha comentado que ante un atestado que aborda una posible tentativa de homicidio --cuando la mujer fue agredida en su vivienda en Verín y el marido dijo que habían entrado a robar-- hay "que llamar al fiscal", que "está para proteger". "Pero no se le manda el atestado para que no lo vea", ha denunciado.

"Me parece que como es el fallo de una persona y no de un sistema no hay que alarmar a la sociedad", ha afirmado para reivindicar que "si hay algún error" se enmiende. "Lo que se dice en la resolución no es cierto porque se dice que a Fiscalía se le notificó", ha reiterado.

"Que digan (Guardia Civil y Fiscalía) si lo que dice esa resolución es cierto, porque entonces los culpables son ellos o todos. Alguien tiene que responder", reclama la letrada, que defiende que si se hubiera convocado una comparecencia por un posible caso de violencia de género la Fiscalía "hubiera pedido una orden de alejamiento". "Si tuviéramos posibilidad de intervenir hubiéramos pedido al menos una orden de alejamiento", ha agregado.

También ha reprochado a los políticos "su responsabilidad". Al respecto, ha recordado que se ha personado la Xunta en esta causa "pero no está haciendo nada". "Políticamente hablando tampoco le importa a nadie", ha concluido.

En la resolución, el PAD, tras examinar la actuación de la jueza, ha concluido que, "con independencia de los desgraciadísimos hechos posteriores, la magistrada actuó con arreglo a lo dispuesto en la legislación procesal" y "adoptó todas las resoluciones que procedían de forma motivada, con prontitud y sin demora, valorando los datos, circunstancias y actuaciones que se habían desarrollado".