Fabra dejó una deuda de 400 millones con Hacienda por sus funcionarios
En 2012, el Gobierno valenciano dejó de pagar a la Agencia Tributaria las retenciones de IRPF de sus empleados
La Generalitat valenciana que preside el socialista Ximo Puig se encontró con una deuda de 400 millones de euros a la Agencia Tributaria. La deuda empezó a crecer en 2012, cuando el Gobierno autonómico que presidía entonces el popular Alberto Fabra se hallaba en una situación económica límite a causa de la crisis y empezó a no ingresar en la Agencia Tributaria las retenciones de IRPF que aplicaba a las nóminas de sus funcionarios. En lugar de ello, se las quedó para financiarse.
El problema, explicado este martes por el consejero autonómico Vicent Soler, creció hasta alcanzar un montante de 1.100 millones de euros. De ellos, 951 correspondían a impagos con la Agencia Tributaria por el IRPF y otros 167 millones a cuotas de la Seguridad Social. La Generalitat solicitó al Gobierno un periodo de aplazamiento para poder devolver las cantidades.
Un año más tarde el responsable de Hacienda en el Ejecutivo de Fabra y hoy delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, alcanzó un acuerdo con Hacienda para abonar mensualmente las cantidades atrasadas, a razón de 7,2 millones de euros al mes. El sistema, según la explicación ofrecida por el actual Gobierno autonómico, funcionó hasta el último trimestre de 2014.
La Generalitat dejó entonces de abonar las cantidades comprometidas. Y el Ministerio de Hacienda procedió a declarar "líquida, vencida y exigible toda la suma pendiente". En marzo de 2015, el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro detrajo de la Comunidad Valenciana 700 millones de euros "de los anticipos con cargo a la financiación de meses posteriores".
De ese modo, en los seis primeros meses del año, el Gobierno valenciano consumió el 80% de su presupuesto para 2015, y su tesorería quedó en una "gravísima situación", según la explicación ofrecida ahora por la Generalitat. Desde el verano, el nuevo Ejecutivo autónomo ha reducido la deuda en algo más de 75 millones, pero aún debe pagar más de 300.
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