El PP valenciano tenía un ranking de empresas pagadoras de mordidas

La presunta trama de la Operación Taula, vinculada al PP valenciano, creó un ranking de empresas estructurado en función de su mejor o peor disposición a pagar comisiones a cambio de contratos públicos, según fuentes de la investigación. Los empresarios que se resistían pasaban a los últimos puestos de la fila para recibir adjudicaciones. La red cobró, entre otras mordidas, 600 por obras en colegios. Varios cabecillas tuvieron los teléfonos pinchados durante meses.

La clasificación de empresas pagadoras de comisiones no estaba recogida en un documento, pero se aplicaba de forma rigurosa. Los investigadores tienen constancia de ello porque Marcos Benavent, el ex alto cargo que grabó a sus compañeros durante años y cuyas cintas fueron entregadas a la Fiscalía por Esquerra Unida dando pie a la investigación, era el “recaudador” de la organización. Y lleva meses colaborando con el ministerio público y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se trataba de una especie de “puja” pensada para estimular a pagar a los aspirantes a contratar con la Administración autonómica, provincial y local de Valencia. El sistema funcionaba, explican las fuentes, porque casi todas las empresas acababan aceptando.

El dinero era entregado en metálico. El importe recibido, generalmente un 3% del importe total, se dividía de manera “sistemática” entre el beneficio personal y una parte que correspondía al partido.

Según el reparto de funciones de la red identificado por los investigadores, los receptores de buena parte de los fondos eran Juan José Medina y Máximo Caturla, que estaban al mando de órganos de contratación. El juez les ha impuesto fianzas civiles de un millón y dos millones de euros respectivamente.

Medina fue vicepresidente de la Diputación de Valencia y vicesecretario de Organización del PP provincial. Caturla también fue vicepresidente de la Corporación provincial y consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa).

Esta última, dedicada a construir centros educativos, fue la principal mina para los miembros de Taula. Según fuentes de la investigación, 600 actuaciones en colegios e institutos —entre nuevas construcciones y reformas— se vieron sometidas al pago del peaje. El sobrecoste de Ciegsa ha sido cifrado en más de mil millones de euros por el nuevo Gobierno autonómico.

La Fiscalía empezó a investigar los hechos en julio de 2014 junto a la UCO. En marzo de 2015 el asunto pasó a manos del magistrado Víctor Gómez, del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Justo después, los teléfonos de unos cinco presuntos cabecillas de la red fueron intervenidos. El del expresidente de la Diputación y del PP provincial Alfonso Rus no se contó entre ellos. A pesar de que en mayo salieron a la luz las grabaciones de Benavent, según los investigadores los implicados siguieron manteniendo conversaciones comprometedoras.