La UE detecta “graves deficiencias” en la gestión de fondos en Madrid

La Comisión Europea ha detectado “graves deficiencias en el sistema de gestión y de control” de los Fondos Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) otorgados a la región para proyectos a desarrollar entre 2007 y 2013. Una auditoría ha puesto de manifiestas irregularidades en dos proyectos: uno del Ayuntamiento de la capital de 12,5 millones para mejorar zonas verdes y la información turística; y otro de la Comunidad, para la construcción de la sede del Instituto IMDEA Energía (4,6 millones). Por ese motivo Bruselas, según dos cartas a las que ha accedido EL PAÍS, suspendió en diciembre los pagos pendientes.

La Comisión cree que hay “graves deficiencias que afectan a las verificaciones de gestión y de seguimiento”. Porque el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas delegó estas funciones en la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid (DGAECE) y esta, a su vez, lo dejó en manos del Ayuntamiento y, en el caso de la región, en la Dirección General de Universidades e Investigación.

En el caso del Ayuntamiento, la Comisión sostiene que las “irregularidades en materia de contratación pública” son de origen. Los fondos se han destinado a dos programas: el primero de 1,48 millones para mejorar los servicios turísticos (tecnología de la información, campañas de concienciación, nuevas infraestructuras informáticas…), y el segundo, de 11,9 millones, al plan de recuperación del río Manzanares. Su objetivo es eliminar el efecto barrera que creaba la M-30, así como mejorar las zonas verdes de Madrid.

En febrero de 2015 —con Ana Botella como alcaldesa— una nueva auditoría de Bruselas puso de manifiesto que el Ayuntamiento había hecho oídos sordos a su mandato y no había solventado ninguna de las deficiencias en la contratación, que son numerosas: “utilización injustificada de procedimiento acelerado, criterios técnicos de adjudicación no especificados claramente, falta de comunicación de los resultados de la adjudicación del contrato...”.

Bruselas cree que Botella tendría que haber hecho correcciones financieras por estas irregularidades “que oscilan entre el 2% y el 25% del valor del contrato”.

La Comisión no solo carga contra el Consistorio. Se dirige claramente contra dirección de Asuntos Europeos, dependiente de la Comunidad de Madrid, pues cree que “no hay garantías de que haga un seguimiento adecuado de las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento”.

Inés Sabanés, actual concejal de Medio Ambiente, afirma a EL PAÍS que el equipo municipal de Manuela Carmena no tenía “conocimiento oficial de las irregularidades cometidas” y afirma que van a investigar en qué y cómo se gastó el dinero.

Como en el caso del Imdea, Bruselas cree que el Ayuntamiento no se ha garantizado “el seguimiento de las irregularidades” para recuperar “los importes indebidamente abonados”, adoptar “medidas preventivas y correctoras necesarias” y hacer una investigación más profunda para detectar otras posibles deficiencias.

La constructora Sacyr se quedó en 2010 con el contrato por 4,6 millones de euros para la edificación de la sede del Imdea Energía en Móstoles. El instituto fue creado por el Gobierno de Esperanza Aguirre para poner en marcha actividades de I+D relacionadas con la energía, sobre todo renovable.

La firma tenía nueve meses para finiquitar las obras, pero pidió dos prórrogas de tres meses cada una “que no estaban justificadas por circunstancias imprevisibles y dieron lugar a un incremento considerable (67%) del período de obras”, recuerda Walter Deffa, director general de Política Regional y Urbana en una carta al embajador de España ante la Unión Europea del pasado diciembre. Deffa recuerda que Sacyr ganó el concurso en parte porque se comprometió a levantar el edificio en esos nueve meses.

En esos casos Bruselas cree que hay que penalizar a la empresa. “Los servicios de la Comisión consideran que las prórrogas incumplen los artículos 55 y 44 [...] que sobre correcciones financieras prevén una corrección del 25% del valor del contrato. Las verificaciones de gestión [por parte de la Direccción General de Universidades] no detectaron esta irregularidad”. Por tanto, Bruselas considera que habría que haber pagado hasta 1,1 millones menos a Sacyr.

Fuentes de la Consejería de Educación afirman que la constructora solicitó seis meses de prórroga, pero solo consumió uno y que estaba “perfectamente justificado” porque ese mes llovió en Madrid mucho más que en la serie histórica. Por eso han mandado un informe a Bruselas con gráficos de pluviometría.

En aplicación del reglamento comunitario, la Comisión en diciembre suspendió los pagos pendientes “hasta tener garantías de que las autoridades han tomado las medidas correctivas necesarias”. Las autoridades madrileñas estudiarán los informes validados por una auditoría y Bruselas si no está conforme podría suspender el programa por completo.