El hotel de Moneo que divide a Málaga

Es posible que Málaga cuente en algo más de dos años con un hotel firmado por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo. O puede que no. El próximo martes, tras años de tramitación, el rechazo de la oposición y la demora en el pago de la deuda que la promotora del establecimiento (Promociones Braser) tiene con el Ayuntamiento por el convenio, se vislumbra como fecha clave para despejar la incógnita. El consejo de Urbanismo abordará la aprobación del proyecto de urbanización y la concesión de la licencia de obras, pero el equipo de gobierno del PP, que gobierna en minoría, necesita la abstención de Ciudadanos, voto que está en el aire. PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente están en contra.

El proyecto urbanístico para ordenar la zona de Hoyo de Esparteros, junto al río Guadalmedina, incluye un hotel diseñado por el premio Pritzker de arquitectura, dos bloques de oficinas, aparcamientos y la urbanización del entorno. El establecimiento hotelero, con 138 habitaciones y 10 alturas, será de cuatro estrellas y funcionará con la marca de la cadena Vincci (el nombre pensado inicialmente es Vincci Excelencia Málaga). El plan incluye la demolición de un edificio de finales del siglo XIX, un paso que ha autorizado recientemente la Junta de Andalucía, y ahí surge uno de los escollos a los que se enfrenta la iniciativa.

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La antigua pensión La Mundial, o Palacete de los Condes de Benahavís, está firmada por Eduardo Strachan Viana-Cárdenas, responsable de los planos de calle Larios y miembro de una saga con gran impronta en Málaga. También fue sede del Gobierno Civil en la década de los veinte del siglo pasado. La cerrajería del inmueble está protegida, pero la promotora alega que el proyecto diseñado por Moneo contempla el traslado y la reconstrucción de la fachada en otro punto del enclave, en uno de los edificios de oficinas.

Existe un sector de la población, incluidos historiadores y arquitectos, que defiende la continuidad del edificio y las plataformas ciudadanas de Defensa del Patrimonio Histórico de Málaga registraron este jueves ante la Consejería de Cultura (departamento que ha dado luz verde al derribo) una petición para que sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El lunes hay convocada una concentración para escenificar el rechazo al proyecto.

La situación de minoría del PP de Francisco de la Torre en el pleno desde las últimas elecciones municipales ha deparado un par de reveses al equipo de gobierno sobre este asunto. La oposición promovió, primero, una iniciativa para mantener la antigua pensión y, después, otra que instaba a iniciar los trámites para revocar el convenio urbanístico con la promotora por incumplir sus obligaciones de pago, inicialmente de 4,8 millones de euros y que, con los intereses de demora, supera ya los seis millones. Tras vencer el plazo de abono en varias ocasiones (el convenio es de 2008), se concedió un aplazamiento que expira en diciembre.

Pese al mandato del pleno, Urbanismo retomó en mayo el proyecto de urbanización y la iniciativa entra en una fase decisiva. Este paso, que podría tumbar la oposición, es imprescindible para que Braser amarre la financiación necesaria para abordar las obras. La ejecución es de dos años y la inversión total del plan se estima en unos 43 millones de euros.

Promociones Braser afirma que ya ha gastado 11,8 millones de euros en el proyecto (sobre todo, en la compra de suelos) y su responsable, José Luis López, ha comparecido públicamente por primera vez este viernes para transmitir varios mensajes. Uno de ellos es que el pago al Ayuntamiento por el convenio “está garantizado”. Esta unión temporal de empresas ha estructurado la financiación, de 31,2 millones de euros, con 15 millones procedentes de los fondos europeos Jessica (se transfieren a la Junta de Andalucía que, a su vez, tiene delegado su reparto en una gestora) y 16,2 millones prestados por una entidad bancaria. Pero para poder firmar estos depósitos es necesario contar con la licencia de obras.

“Es un modelo de ciudad previsto en el PGOU y eso no se puede alterar por un acto caprichoso. El planeamiento es claro”, ha dicho el asesor jurídico de la promotora, Juan Ramón Fernández-Canivell, sobre la posición que han adoptado los ediles de la oposición. Este argumento ha servido para advertir de la adopción de acciones legales contra todas las personas que “considere responsables” en caso de que el proyecto quede paralizado y no reciba luz verde en el consejo de Urbanismo de la próxima semana. Tanto administrativas, como civiles y penales.

La pelota está en el tejado de Ciudadanos, que tiene un pacto de investidura con el PP, pero a lo largo del mandato se ha posicionado en varias ocasiones con el resto de grupos de la oposición. La última condición que ha expresado este grupo para abstenerse, tras dejar claro que no le gusta el diseño de Moneo, es que la promotora presente antes del consejo de Urbanismo un aval bancario que garantice que pagará su deuda con el Ayuntamiento. Como ocurre desde hace más de una década, el proyecto está instalado en un bucle.