Joan Carles Gallego: “La Generalitat ha cambiado de palabras, no de hechos”
El líder del mayor sindicato de Cataluña critica que al Gobierno catalán le falta una política "proactiva" ante el cierre de fábricas
Joan Carles Gallego (Barcelona, 1954), se enfrenta al que podría ser su último curso al frente de CC OO de Cataluña. El profesor aún no ha decidido si se presentará en abril a la reelección del secretariado general del primer sindicato catalán (150.000 afiliados y 42% de representación) pero de momento hace un balance positivo de la gestión de los años más fuertes de la crisis y plantea retos de futuro. “En estos últimos años hemos intentado aguantar la embestida de una reforma laboral que lo que quería era acabar con la organización de los trabajadores. Ya es hora de salir para disputar la riqueza que se está empezando a crear y traducirla en derechos para los trabajadores”, apunta.
Pregunta. ¿Nota algún cambio entre las etapas Mas y Puigdemont?
Respuesta. La inexistencia de un presupuesto para 2016 quiere decir que se ha continuado con las mismas políticas y por tanto la incidencia sobre aspectos como la pobreza, la desigualdad o las políticas industriales no ha cambiado. Han mutado las formas y la palabras pero los contenidos materiales siguen siendo los mismo.
P. Cuesta imaginarse en el Ejecutivo anterior una operación como la inspección de las subcontratas de Telefónica…
R. Sí, pero la Inspección de Trabajo ha actuado después de nuestras denuncias. La evidencia y el clima social alrededor de cómo se estaba usando irregularmente la subcontratación hicieron que no le quedara más remedio. Es cierto que ahí sí hay un cambio de actitud en el Gobienro y esperamos que se mantenga, por ejemplo, con las cárnicas.
“Hay que regular el autotrabajo y su jornada, los riesgos y la conciliación”
P. ¿Por qué han tardado tanto en denunciar los abusos en las cárnicas?
R. Casos como el de los mataderos de Osona implica construir un gran consenso. Los trabajadores muy precarios tienen miedo a denunciar, muchos miran para otro lado, la presión del territorio. Hemos salido a la luz cuando hemos podido amarrarlo todo. Creo que la Inspección de Trabajo tendría que actuar de oficio en estos casos.
P. La industria ha protagonizado los grandes ERE de este semestre. ¿Qué pasa?
R. Al Gobierno catalán le ha faltado, salvo algún caso, más proactividad. Por ejemplo, utilizar el Instituto Catalán de Finanzas para promover alguna alternativa industrial ante un cierre. Necesitamos una política activa, con intervención directa. No se puede quedar todo en regalos y rebajas fiscales, sino que hay que hacer infraestructuras de telecomunicaciones y políticas de cualificación e investigación que nos vuelvan atractivos. Tampoco hay una reflexión sobre por qué se van. La respuesta no son solo los costes laborales unitarios.
P. Quiere que se derogue la reforma laboral, pero ¿cuál es la alternativa?
R. Ese nuevo marco pivotará sobre los acuerdos que sindicatos y patronal habíamos llegado antes de la reforma. Una regulación de la negociación colectiva, los derechos de información y participación, la causalidad de la contratación y el despido como aspectos fundamentales…
Hay sectores empresariales que confunden la flexibilidad laboral con la libre disponibilidad
P. ¿Cómo incluir las nuevas realidades laborales?
R. Hay sectores empresariales que confunden la flexibilidad laboral con la libre disponibilidad. En Alemania o Dinamarca vemos que los elementos de flexibilidad están acompañados de altos niveles de protección social. Es decir, entre trabajos el ciudadano tiene garantías de subsistencia. Aquí algunos solo quieren flexibilidad sin trabas. El teletrabajo, por ejemplo, hay que regularlo: la duración de jornada, la conciliación, los riesgos profesionales. Hay que hacer que las empresas de servicios integrales reconozcan los derechos, ya mediante los convenios estamos intentando limitar su uso.
P. Esas realidades desbordan el sindicalismo como lo conocemos. ¿Cómo se adaptará?
R. El centro de trabajo es cada vez menos el lugar de organización sindical, es cierto. Los locales sindicales que hasta ahora han sido un espacio de asesoría y de organización de la estructura del propio sindicato tienen que buscar la fórmula de convertirse en el punto de encuentro de esos nuevos perfiles laborales. Y hay que atraerlos, defendiendo también sus derechos y creando marcos que se ajusten a su realidad.
P. Hubo una gran polémica por la publicación de los salarios de la cúpula de TMB. Pero las hora de liberados sindicales llegan a los 3,4 millones de euros…
R. Estos derechos están regulados. En España, a diferencia del resto de Europa, no se ve la capacidad de organización de los trabajadores como algo positivo. La transparencia y la disponibilidad de información es vital para mejorar la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, así muchos quieran sembrar dudas sobre nuestra presencia, por ejemplo, en los consejos de administración. Y así, en caso de conflicto, podemos hacer propuestas más razonadas y ajustadas al contexto.
P. ¿El ciudadano entiende una huelga tan larga como la de TMB?
R. Allí hubo un conflicto derivado del bloqueo de la negociación colectiva y ya está desencallado. Una represetanción sindical tan plural también hace más compleja las conversaciones. El problema es que la empresa hizo una gestión política y no empresarial del conflicto, intentado condicionar a la opinión pública con sus argumentos. Cuando llegamos a la huelga en los servicios públicos es porque ya hemos agotado las vías de negociación , es el ultimo recurso. No son solo sueldos y horas de trabajo, hay una búsqueda de mejora en el servicio.
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