“Marsal no podía cobrar, los estatutos son muy claros”

Manuel Rosillo no es uno de esos testigos que lucen (y se lucen) en los juicios con acusaciones contundentes o frases para la galería. Contenido, prudente y a menudo desmemoriado (“no sé, no recuerdo, eso fue hace muchos años”, repitió), el que fuera vicepresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) explicó, mucho o poco, lo que recordaba de aquella época. Rosillo rememoró cómo, en 2012, los trabajadores de la UPM —que agrupa a 18.000 empresas del sector— firmaron una carta de denuncia en la que acusaban al presidente, Antoni Marsal, de apropiarse de fondos de la entidad. Rosillo dejó claro que el cargo de presidente de Marsal era representativo y no remunerado: “No podía cobrar, los estatutos son muy claros. Si quería hacer algo de forma voluntaria, allá él...”

Rosillo fue el único testigo que declaró ayer en el juicio (hay 11 sesiones programadas) contra Antoni Marsal y otras cinco personas por el saqueo de la UPM. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Marsal por apoderarse de más de 600.000 euros de los fondos de la patronal. La mitad de ese dinero (310.000 euros) procede de subvenciones del Estado y de la Generalitat y estaban destinados a cursos de formación para trabajadores del sector del metal. El expresidente está procesado por malversación y falsedad.

Marsal llegó a la presidencia de la UPM en 2006 y ya no la abandonó hasta 2012, cuando los empleados vieron peligrar sus puestos de trabajo por los números rojos de la entidad y denunciaron los “cobros ilegales” de su presidente. Como recordó Rosillo, los estatutos precisan que el cargo de presidente es, sobre todo, institucional, y no remunerado. La Fiscalía cree que, pese a ello, Marsal quiso cobrar. Y, para justificar ese sueldo al que no tenía derecho, “emitió facturas falsas” a través de sus empresas por supuestos trabajos para la UPM que, en realidad, no había ejecutado.

Entre 2007 y 2009, una empresa administrada por Marsal (MCR) facturó 310.519 euros a la patronal por las partidas de formación. Además de pagarse a sí mismo, “no existe evidencia alguna”, según la acusación, de que “haya prestado ningún servicio” a la entidad relacionado con los cursos. En esa época, el 70% de los ingresos de MCR procedían de la facturación con la patronal del metal.

“Si el presidente hace funciones ejecutivas, entonces, ¿qué hacía el director general?”, se preguntó Rosillo a preguntas del abogado de Marsal, que trata de demostrar en el juicio que su cliente llevó a cabo las tareas por las que cobró. Marsal había defendido, desde el inicio de su mandato, una presidencia “profesionalizada” para la UPM y que el cargo fuera de plena dedicación.

Junto a Marsal, se sienta desde ayer en el banquillo de los acusados el exdirector general, Ángel Hermosilla, que afronta una petición de nueve años de cárcel por autorizar los pagos a las empresas de Marsal. Otras dos exempleadas de la UPM —la responsable de formación, Magda Grau, y la de administración, Isabel López— están acusadas porque no velaron por “el correcto destino de los fondos” públicos y privados que manejaba la patronal.