La juez ve delito en la contratación de la cuñada de Carmela Silva

El Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha dado por finalizada la investigación sobre la contratación por parte del Ayuntamiento de Viogo de una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y concejal, Carmela Silva, y abre la vía para juzgar a un funcionario municipal y al administrador de la empresa Imesapi que la contrató.

En un auto difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Galicia, la juez María del Carmen García Campos ha acordado continuar con la causa penal contra el funcionario jefe del Servicio de Participación y Atención Ciudadana, Francisco Gutiérrez Orue, y el administrador de la empresa concesionaria, Ramón Comesaña.

La magistrada entiende que los hechos imputados al funcionario podrían ser constitutivos de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad documental, mientras que el administrador de Imesapi habría incurrido en una supuesta malversación y falsedad documental en calidad de cooperador necesario.

En el mismo auto, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional de la causa con respecto al concejal de Vigo y secretario provincial del Psoe, Santos Héctor, al entender que no resulta suficientemente acreditado en la investigación que tuviese conocimiento de la finalidad de los contratos a Vanesa Falque, cuñada de Carmela Silva.

Durante el curso de la instrucción, la juez había decretado también el sobreseimiento de las imputaciones de dos interventores del Ayuntamiento de Vigo y al apoderado de la empresa concesionaria, así como con respecto a la propia Vanesa Falque por haber prescrito los contratos laborales que motivaron la causa.

En el auto se detalla que de “las diligencias practicadas resulta indiciariamente acreditado que prevaliéndose de su relación de parentesco con la entonces teniente de alcalde (Carmela Silva), Vanesa Falque pidió a Francisco Gutiérrez que le consiguiese trabajo, lo que este hizo a través de Imesapi, adjudicataria del Servicio de Atención al Público y Conserjería en los centros cívicos municipales vigueses.”

Vanesa Falque, según la investigación, estuvo contratada cinco años, hasta que concluyó la prestación por parte de la empresa del servicio adjudicado. En el fundamento jurídico primero del auto se expone que con el fin de compensar a la empresa por el coste de la contratación, “en la medida que venía impuesta por el Concello de Vigo”, el funcionario municipal ideó la fórmula de adjudicar a Imesapi una serie de contratos menores cuya finalidad era la realización de encuestas de calidad.

Entre 2008 y 2013 se le adjudicaron nueve contratos con un coste de 108.000 euros, que la empresa “facturó siguiendo las instrucciones” del jefe de servicio y que fueron cobrados al Concello para pagar presuntamente la nómina de la cuñada de Silva. Tras la investigación, la jueza concluye que la empresa no ha podido demostrar que realizase las encuestas por la que cobró Vanesa Falque y que “existen indicios racionales” de que no hiciese siquiera los trabajos de campo”.

El Ministerio fiscal y las acusaciones particulares personadas (la plataforma ciudadana Xuntos por Galicia, integrada en la corriente interna de Podemos Galicia denominada Xuntos Podemos), deben ahora formular escrito solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa contra el funcionario y el administrador de la concesionaria municjpal.