Compromís lleva a Anticorrupción una Gürtel paralela en el PP de Ripoll

"Una Gürtel paralela". Así ha bautizado Compromís la presunta trama de corrupción que, según esta formación, se instaló en la Diputación de Alicante entre 2004 y 2009, cuando era gobernada por el también presidente del PP provincial, José Joaquín Ripoll. La coalición va a denunciar el próximo miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción un "fraude masivo" en la adjudicación de contratos a dos empresas desde el Patronato de Turismo Costa Blanca por un importe de 3,2 millones de euros. "El PP de Alicante tenía su propia trama paralela a Gürtel que durante años habría desviado millones de euros que tenían que haber ido a los pueblos a través de la gestión turística", ha afirmado este lunes el portavoz de Compromís en la corporación provincial, Gerard Fullana.

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Compromís es el único de la oposición que accedió a participar en la comisión de investigación creada esta legislatura para auditar los últimos doce años de gobiernos del PP en la institución. PSPV y EU se desmarcaron de la iniciativa después de que el actual presidente de la Diputación, el también popular César Sánchez, maniobrara para que la comisión quedara bajo el control de su número dos, José Manuel Dolón.

Compromís se mantuvo en el seno del órgano fiscalizador y ha podido examinar gracias la actuación del Patronato de Turismo entre 2004 y 2009. La coalición ha descubierto que este organismo, el único de los 25 dependientes de la Diputación investigados hasta el momento, adjudicó 3,2 millones de forma supuestamente irregular a dos empresas, Exporigging y Stands Molinos SL, entre 2004 y 2009. Se da la circunstancia de que los administradores de ambas empresas han sido acusados de fraude en el marco de una investigación judicial por el montaje del pabellón municipal de Orihuela para las ediciones de Fitur celebradas entre 2008 y 2011. En esa causa está acusada la expresidenta del PP de la Vega Baja Pepa Ferrando como cooperadora necesaria en cuatro delitos de prevaricación y otros tantos de fraude y se enfrenta a una petición de nueve años de prisión.

Por su parte, Ripoll, que vive ya ajeno al mundo de la política, debe ser juzgado por la Audiencia de Alicante como principal protagonista de la rama de la 'Operación Brugal' relativa a la creación de un macrovertedero en esa misma comarca, un caso que le obligó a dimitir de su cargo en la Diputación. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido provisionalmente para él 16 años de prisión y 44 de inhabilitación tras acusarle de amañar el contrato de recogida de residuos en la Vega Baja con los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Durante la gestión del entonces líder del PP alicantino, según denuncia Compromís, el Patronato de Turismo Costa Blanca adjudicó de forma presuntamente irregular 3,2 millones de euros a Exporigigging SL y Stands Molinos SL. La coalición ha observado un procedimiento similar en el supuesto fraude al que siguió la Generalitat con Orange Market, la sucursal valenciana de la 'trama Gürtel', para adjudicarle los contratos del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur.

El grupo parlamentario dirigido por Fullana ha analizado 70 facturas que el próximo miércoles presentarán en Fiscalía. Muchas de esas facturas oscilan entre los 11.000 y 12.000 euros de importe, el límite máximo que permite la ley para que no haya un concurso público, por lo que se habrían fraccionado para esquivar ese procedimiento. En el caso de los contratos negociados y sin publicidad, el Patronato de Turismo Costa Blanca cursaba invitaba a presentar ofertas a tres empresas, pero una de ellas, siempre declinaba con una carta estándar. "Las otras dos pertenecen a los mismos propietarios, por lo que en realidad no había concurrencia o competencia real", añaden los responsables de Compromís.

En cuanto a las contrataciones por el procedimiento abierto, si no se convocaban por el método de urgencia, las licitaciones solían coincidir con periodos vacacionales y las adjudicaciones acababan siempre en la única oferta presentada, la de Stands Molinos SL. Una reforma legal amplió con posterioridad los plazos para presentar estos contratos administrativos. Y a partir de ese momento, siempre de acuerdo con la denuncia de Compromís, el Patronato comenzó a dar una "importancia desorbitada" a criterios subjetivos como el diseño frente a otros objetivos como el precio, según ha explicado Fullana.