El Pacto por la Cañada prevé tirar la zona más conflictiva

El asentamiento de la Cañada Real Galiana aglutina en 14,5 kilómetros lineales a 7.283 habitantes y 2.537 viviendas, además de industria y comercio, que esperan desde hace años una solución legal. Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han elaborado un pacto regional que establece las bases de actuación en el ámbito. En él se han recogido las propuestas de todas las partes que tienen algo que decir (Administraciones Públicas, fuerzas políticas, asociaciones vecinales y organizaciones sin ánimo de lucro).

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El documento, una vez firmado, tendrá efecto sobre las personas censadas en el asentamiento antes del 31 de diciembre de 2011, que adquirirán el derecho a una vivienda en la propia cañada, siempre que sea posible. La Comunidad se compromete a estudiar la forma de dar una solución residencial a los vecinos que se vean afectados pero que, a pesar de ello, no estén incluidas en el ámbito de aplicación del pacto.

La propuesta prevé que las casas del Sector 1, que ocupan una longitud de 520 metros, se consoliden en su totalidad. Para ello, el Ayuntamiento de Coslada, por donde discurre el tramo, modificará su plan general y clasificará el suelo como urbano. En la zona residen 499 personas (194 familias) en 194 edificaciones. Los afincados en viviendas que no se puedan salvar debido a que lo impidan afecciones urbanísticas, tendrán derecho a un inmueble en otros sectores o territorios limítrofes.

 El 40% vive en un sector

El destino del Sector 6, el más conflictivo debido a la delincuencia, también está fijado: se desmantelará, porque no existen las mínimas condiciones de habitabilidad. La zona se extiende por 6.700 metros desde la carretera de Valencia (A-3) hasta Getafe. En ella residen 2.953 personas (824 familias) en 1.027 inmuebles, el 40% de la población de la cañada. Su demolición se realizará mediante un convenio regulador que aprobará la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Los vecinos se realojarán, si es posible, en el mismo lugar.

El texto indica que se evaluará la posibilidad de trasladar la gran cantidad de industrias y empresas radicadas en la cañada al Sector 6, siempre que la normativa urbanística lo permita. El pacto regional se compromete, de igual modo, a “implementar los mecanismos de realojo adecuados” para aquellos que se encuentren en “situación de extrema vulnerabilidad”. En el Sector 6 son perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) 299 personas, el porcentaje más alto por número de habitantes (un 10%) de toda la Cañada Real.

Establecidos los parámetros iniciales de regeneración del tramo primero y último, queda por solventar el centro del asentamiento, mucho más complicado y para el que el borrador no aporta todavía ninguna solución. Son los sectores 2 al 5, que discurren por casi seis kilómetros. Allí viven 3.831 personas, el 53% de la población total del poblado.

Un informe realizado por arquitectos y técnicos de la Comunidad concluye que el 75% de las viviendas de la Cañada presentan “afecciones urbanísticas”, por estar construidas en dominio público hidráulico, bajo líneas de alta tensión o soportar mucho ruido. Los vecinos sostienen que se podrían salvar estos últimos (un 20% del total).

Un año de plazo

El borrador del pacto propone la creación de tres ponencias, en las que participarán técnicos de la Comunidad, de los Ayuntamientos afectados, de las entidades sociales y de los representantes de las asociaciones vecinales. En los encuentros (urbanístico, jurídico y económico) se someterá a estudio la problemática de la zona. Las ponencias tienen el plazo de un año, prorrogable por otro, para la presentación de los informes finales.

El Gobierno regional indica que el documento del pacto regional todavía no está firmado, aunque se espera que esté listo en un par de semanas. Una vez se rubrique, el texto debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, por los plenos de los Ayuntamientos implicados y, finalmente, pasar el filtro del pleno de la Asamblea. El pacto regional sustituye al acuerdo social marco de 2011 y al resto de documentos de similar analogía. También prevé la modificación de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, que establece el régimen jurídico aplicable a la Cañada Real Galiana a su paso por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid.

Las primeras construcciones del asentamiento aparecieron en los años 50 y 60 con población inmigrante rural, ciudadanos que no podían vivir en el centro, españoles de etnia gitana e incluso personas que se edificaban una segunda residencia. Más tarde llegaron los inmigrantes extranjeros. Nadie le puso coto y siguió creciendo hasta convertirse en un gran pueblo, no planificado, en el que confluyen diferentes realidades socioeconómicas y culturales.

El proceso de legalización del asentamiento se prevé largo, se desarrollará durante varias legislaturas, motivo por el que se indica que el pacto “es de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas hasta la consecución de su fin, independientemente de los posibles cambios políticos que se produzcan”.