Junts pel Sí quiere llevar a los tribunales a Rajoy y Santamaría por no ir al Parlament
El presidente y la vicepresidenta se amparan en un informe del Consejo de Estado para no explicar la 'operación Cataluña'
Junts pel Sí ha anunciado este martes su deseo de denunciar ante los tribunales al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y "a todos los cargos políticos" que no acudan a declarar a la comisión del Parlament que investiga la llamada operación Cataluña de espionaje a cargos políticos independentistas supuestamente orquestado desde el ministerio del Interior.
La comisión de investigación del Parlament había citado para mediados de este mes y primeros de julio a Rajoy y a Santamaría, así como al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, Sin embargo, estos han anunciado ya que no vendrán amparándose en un informe del Consejo de Estado que les exime de comparecer en la comisión de investigación.
Junts pel Sí, sin embargo, esgrime otro informe de los letrados del Parlament en el que se considera que las personas citadas a declarar en una comisión de investigación sí tienen la obligación de acudir. La cámara catalana volverá a citarlos a los cuatro por segunda vez para cumplir con las formalidades establecidad y si, como se espera, no hay cambio de actitud, Junts pel Sí ha anunciado este martes que pedirá a la comisión que eleve a la Mesa el Parlament la petición para denunciarlos ante los tribunales.
Roger Torrent, adjunto al portavoz de Junts pel Sí, ha recordado que la incomparecencia en una comisión parlamentaria está tipificado como delito en el Código Penal y ha anunciado el convencimiento de su grupo de que exigir responsabilidades penales a los miembros del Gobierno español. El reglamento del Parlament establece también la obligación de que las personas citadas en una comisión de investigación tienen la obligación de ir a declarar siempre que se trate de asuntos que sean competencia de la Generalitat. Al parecer, el informe del Consejo de Estado entiende que la comisión parlamentaria catalana excede de sus competencias.
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