La Generalitat valenciana apurará la defensa de su modelo lingüístico

La Generalitat valenciana apurará las opciones para mantener su modelo lingüístico después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya rechazado este lunes su recurso para levantar la suspensión cautelar sobre el decreto que regula el nuevo sistema de plurilingüismo.

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La primera medida anunciada por la Consejería de Educación tras conocerse la decisión ha sido comunicar que presentará un recurso contra el auto del TSJ ante el Tribunal Supremo. Una vía de resultado incierto que, en todo caso, proporcionará tiempo a la Generalitat cuando quedan dos meses para el inicio del curso escolar en el que el modelo debe empezar a desplegarse.

El malestar que la resolución del TSJ ha generado en Educación se aprecia desde el arranque del comunicado que ha remitido horas después de que se conociera la noticia: "La Sección Cuarta de la Sala Contencioso-administrativa del TSJCV ha hecho pública en los medios de comunicación la interlocutoria no firme en la que mantiene las medidas cautelares sobre el decreto de plurilingüismo".

"A pesar de que el TSJCV no ha realizado una notificación oficial a la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte", el departamento que dirige Vicent Marzà ha trasladado cuatro puntos. En el primero de ellos figura el encargo de un informe a la Abogacía de la Generalitat "para delimitar con exactitud las medidas a emprender para dar cumplimiento a esta decisión del tribunal".

A partir de ese informe, prosigue Educación, "se determinarán las instrucciones de inicio de curso y se remitirán a los centros educativos en las próximas semanas". El curso escolar 2017-2018 empezará el 3 de septiembre. Tanto la matrícula de los alumnos como el diseño de las plantillas de los centros escolares se ha realizado en función del nivel de plurilingüismo adoptado por cada colegio e instituto, que podían elegir entre tres escalones, básico, medio y avanzado.

Suspensión no firme

A falta de contar con el informe de la Abogacía, Educación anticipa dos ideas. La primera es que la decisión de mantener la suspensión cautelar "paraliza la aplicación de la norma hasta que el mismo tribunal decida sobre el fondo del asunto, no anula la norma en sí".

La segunda es que, según interpreta la Generalitat, "la suspensión cautelar no es firme hasta que no se resuelva el recurso en el Supremo". Y la consejería "ya ha encargado a la Abogacía de la Generalitat un recurso de casación al Tribunal Supremo para que levante estas medidas cautelares que ha impuesto el TSJCV".

La posibilidad de recurrir ante el Supremo figura en el propio auto dictado por el TSJCV, en el que se indica que dicho recurso deberá prepararse "en el plazo de 30 días". Esto es, la Generalitat tiene hasta finales de julio para elaborar el recurso, agosto suele ser inhábil en los tribunales y en septiembre empieza el curso. Cambiar el modelo lingüístico con el curso iniciado o a punto parece poco viable, otra cosa es introducir algunos cambios.

Técnicamente, la Generalitat actuará en función del informe que elabore la Abogacía. Políticamente, el Gobierno autonómico ha adelantado que, al menos hasta hoy, no contemplaba volver al modelo anterior (regulado por última vez en un decreto de 2012 aprobado por el PP), incluso si su norma es finalmente anulada.

En sus resoluciones, el TSJCV ha anticipado que los potenciales problemas de legalidad que observa en el decreto son el que el aumento de horas de inglés se vincule al aumento de horas de valenciano y el hecho de que los diferentes niveles de plurilingüismo impliquen una diferente acreditación de conocimientos de idiomas al término de cada etapa educativa.

La Generalitat ha aceptado que un centro pueda elevar las horas de inglés sin aumentar las de castellano y que ello también conlleve una acreditación automática de esta lengua extranjera, pero ha dicho que lo hará en otros decretos (los de currículo de cada etapa educativa).

Educación ha recordado este lunes que la fiscalía ha respaldado la legalidad de su decreto, recurrido por la Diputación de Alicante, el PP y el sindicato CSIF. Y que en el 98% de los centros las votaciones que se realizaron para decidir su nivel de plurilingüismo "fue consensuada por dos tercios de cada consejo escolar".