El Gobierno catalán fuerza la maquinaria del referéndum

Después de constituir un Gobierno de consejeros comprometidos hasta el final, el independentismo se plantea acelerar los plazos para llegar a la próxima Diada del 11 de septiembre en un ambiente de exaltación secesionista. Fuentes parlamentarias explican que el último pleno antes de vacaciones, que se celebrará el 26 de julio, aprobará la ley de reforma del reglamento de la Cámara que allanará el camino a la ley del referéndum, que podría aprobarse en la primera sesión plenaria de septiembre, el día 6. A partir de entonces, Carles Puigdemont tendrá vía libre para convocar la consulta del 1 de octubre.

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El calendario aprieta y el independentismo tiene prisa para cumplir su promesa de celebrar un referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que anulará. Y el Gobierno de Mariano Rajoy llevará al Constitucional cada uno de estos pasos, lo que forzará su suspensión cautelar automática y, por tanto, se podrá tomar medidas contra los que incumplan esa paralización.

El Govern aprobará este martes la compra de las urnas, una de las decisiones trascendentes en los 76 días que quedan. Será, además, un acuerdo colegiado de todos los consejeros al que es posible que la fiscalía responda con una querella por prevaricación, desobediencia y malversación, como ya ocurrió cuando la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, inició los trámites del concurso para adjudicar las urnas que finalmente quedó desierto.

Al mismo tiempo que el Ejecutivo de Carles Puigdemont esté reunido en la plaza de Sant Jaume, en el Parlament se estará celebrando la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces que fijará el orden del día del pleno del 26 de julio, el último de este período de sesiones.

La oposición da por hecho que Junts pel Sí y la CUP llevarán a esta reunión la proposición de ley de reforma del reglamento de la Cámara. El Consejo de Garantías Estatuarias, órgano consultivo de la Generalitat, dictaminó hace unos días que ese texto vulneraba los derechos de los diputados, por lo que habrá que ver si las dos formaciones independentistas presentan enmiendas o no.

En cualquier caso, Junts pel Sí y la CUP ya han hecho caso omiso en alguna ocasión de esos dictámenes con el argumento de que no son vinculantes. La reforma del reglamento establecerá el inicio del siguiente período de sesiones a partir del 15 de agosto para ayudar al independentismo a sortear las prisas del calendario.A finales del mes de julio, además, está previsto que se dé a conocer la ley de transitoriedad jurídica, que marca el tránsito de la Cataluña autónoma a la republicana catalana independiente.

Fuentes de varios grupos parlamentarios explican que el siguiente día decisivo podría ser el 6 de septiembre, cuando se celebre un pleno en el que es muy probable que se apruebe la ley del referéndum. Se haría por lectura única, introduciendo el tema sobre la marcha, porque la reforma del reglamento así lo permitirá ya si lo solicita un solo grupo y no la totalidad, como sucede ahora.

Se da por hecho que la oposición querrá llevar la ley del referéndum al Consejo de Garantías Estatutarias para que dictamine si encaja en la Constitución y el Estatut. Si esto sucediera, los planes del secesionismo se desbaratarían, porque habría que esperar el plazo máximo de siete días que se establece en estos casos para conocer el dictamen. A no ser, como explican fuentes de la oposición, que Junts pel Sí y la CUP empleen un procedimiento previsto para esquivar ese trámite lo que impediría la presentación de enmiendas por parte de otros grupos.

En ese mismo pleno del Parlament que se inicia el día 6 también podrían elegirse por mayoría absoluta a los cinco miembros que integrarán la Sindicatura Electoral de Cataluña, entre un grupo de juristas y politólogos que propondrán las formaciones políticas. Es decir, solo Junts pel Sí y la CUP, porque los otros cuatro (Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es Pot) ya se han declarado contrarios a esa ley y no entrarán a negociar ningún nombre. La Sindicatura Electoral de Cataluña ejercerá de Junta Electoral Central y nombrará a las cuatro sindicaturas electorales de demarcación, una por cada provincia.

Si la ley del referéndum se aprueba finalmente en el Pleno del 6 de septiembre se da por hecho que el Gobierno de Mariano Rajoy tardará unas horas en presentar recurso ante el Tribunal Constitucional y que en el plazo de uno o dos días estará suspendida. Es el escenario que busca el independentismo para llegar a la Diada del 11 de septiembre con una motivación añadida y volver a convocar una manifestación multitudinaria en Barcelona.

La suspensión de la ley del referéndum por parte del Constitucional servirá también para comprobar si es cierta la convicción de Carles Puigdemont y de su gobierno de no hacer caso y de seguir adelante con sus planes, según han anunciado reiteradamente que sucederá. Así, en la reunión del Gobierno catalán del martes 12 de septiembre, al día siguiente de la Diada, es probable que se acuerde la convocatoria del referéndum, también en una decisión colegiada y a la que se le querrá dar la máxima solemnidad. O bien uno o dos días después, a más tardar, porque al 15 de septiembre se inician los 15 días de campaña que prevé la ley catalana del referéndum que estará suspendida, así como la Sindicatura Electoral y todos los acuerdos adoptados que deriven de ella.

Pese a esta suspensión, el independentismo insiste en que Puigdemont firmará la convocatoria para el 1 de octubre. Ese será el final del camino y a partir de ahí queda por ver qué otras decisiones adopta el Gobierno para impedir el referéndum y cómo responden la Generalitat y los partidos secesionistas.