La interventora municipal envía al Tribunal de Cuentas ocho contratos

La Intervención General del Ayuntamiento de Madrid sospecha que el Consistorio que dirige Manuela Carmena adjudicó a dedo trabajos relacionados con la movilidad y la regeneración urbana por valor de 164.767 euros, pero que para evitar el concurso público los fraccionó en ocho de menos de 21.000 euros y se los entregó a otras tantas empresas. Por eso, remitió la información al Tribunal de Cuentas, ya que cree que se ha incumplido la Ley de Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento niega tajantemente que se hayan troceado los contratos y recuerda que todas las convalidaciones de gasto se remiten al órgano auditor.

La Intervención del Ayuntamiento de Madrid, el servicio responsable de controlar las actuaciones legales y económicas municipales, entregó en diciembre al Tribunal de Cuentas un expediente en el que señalaba que en la memoria de los ocho contratos menores "se han incumplido" dos procedimientos: el "de gestión económica financiero" y el "de contratación". El reparo atañe, en concreto, a los contratos de "estrategia de regeneración urbana y a la ordenación de la movilidad en la ciudad de Madrid", adjudicados por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por el edil José Manuel Calvo.

Intervención reconoce que podrían haberse producido irregularidades al haberse sorteado la libre concurrencia. Cada uno de los ocho contratos cuestionados tiene un valor aproximado de 20.000 euros, por lo que pueden adjudicarse sin concurso. El supuesto fraccionamiento ascendería a un total de 164.767 euros. Los interventores, cargos no políticos, responden legalmente de todas las actuaciones municipales que controlan. Por ello, cuando detectan posibles ilegalidades, las denuncian en los órganos públicos fiscalizadores. En este caso, el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible niegan que exista un fraccionamiento en su estrategia de regeneración urbana. Una portavoz del área señala que la Intervención remitió el expediente al Tribunal de Cuentas como una práctica habitual. "Es un hecho que se produce siempre; la Intervención lleva todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito al Tribunal de Cuentas", afirma una asesora municipal. Cada año el Consistorio, según esta, envía un informe de "3.000 páginas" para que el tribunal analice a posteriori todas las convalidaciones de gasto.

La portavoz agrega que la Intervención remite automáticamente al Tribunal de Cuentas toda la información sobre las resoluciones del pleno y de la alcaldesa, Manuela Carmena. Insiste en que el expediente mencionado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue remitido al tribunal pero no como acto específico vinculado a un reparo. En cuanto a qué se refiere la interventora cuando habla en su informe de "estrategia de regeneración urbana", el área ha preferido no pronunciarse.

Por su parte, fuentes del Tribunal de Cuentas sostienen que el expediente de Intervención sí se les ha remitido a través de una vía "especial o ad hoc", ante la posible existencia de irregularidades. Confirman, además, que el documento de la interventora pone un "reparo" por posible vulneración de la normativa al incumplir los principios básicos de publicidad y concurrencia. Así resumen el caso: "La Cámara de Cuentas se ocupa del Ayuntamiento de Madrid, salvo en casos como estos, que son informes de reparos, que se envían directamente [desde el Consistorio] a la plataforma del Tribunal de Cuentas". Esta medida, poco habitual, se ejecuta en el caso de dudas por parte de Intervención.

El organismo de control interno del Ayuntamiento detecta, en concreto, que podría existir un "incumplimiento" de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. Esa normativa dispone que en la adjudicación municipal de un servicio u obra "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Ocho empresas diferentes

El fraccionamiento se asocia habitualmente a un encargo troceado que se da a la misma empresa para evitar el concurso abierto. En el caso de la actuación urbanística mencionada, sin embargo, el posible fraccionamiento se habría llevado a cabo con contratos menores a ocho firmas diferentes. Los menores son contratos pensados para encargos puntuales; no pueden superar los 21.000 euros (IVA incluido) y permiten sortear el concurso público. El responsable de esos encargos es el Ayuntamiento, que elige discrecionalmente a la adjudicataria tras invitar a un concurso a tres firmas sin publicidad.

Entre las sociedades mencionadas está Pez Arquitectos, que recibió 20.812 euros. Una responsable de la empresa explica que su trabajo fue de "campo y diagnóstico" sobre 242 colegios públicos. El estudio analizó los efectos del entorno de cada colegio en los niños y tuvo carácter "pionero". "No hay otro estudio similar", señala la responsable de la firma para justificar los que consideran una utilización correcta de un contrato menor.

El Instituto Juan de Herrera, organismo adscrito a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, recibió un contrato de 20.992 euros. Ricardo Aroca, presidente del instituto, recuerda que la entidad recibió dos contratos del Ayuntamiento relacionados con la movilidad: uno para estudiar la Puerta del Sol y otro para Ciudad Lineal-San Blas. "Es lógico que los contratos sobre este asunto se dividan entre varias empresas", indica; "si lo realizase una misma sociedad, tendría que terminar los trabajos en un tiempo récord. No entiendo los reparos de la interventora municipal", añade.

Hécate, otra firma mencionada, fue responsable del diseño de la semipeatonalización de la calle de Galileo, en Chamberí. Recibió 18.246 euros (con IVA) para un proceso participativo que involucró a menos de 40 vecinos. Esta sociedad, fundada en 2015 por un actual cargo de confianza de la EMT, tiene entre sus socios a tres ingenieros que colaboraron en la redacción del programa electoral de Ahora Madrid. Este periódico no pudo contactar con Hécate porque su número telefónico, que remitía al servicio de clientes de una compañía telefónica, ha sido borrado de su web. También el correo electrónico ha sido eliminado.

GEA 21, que se ocupa de realizar trabajos de consultoría en campos como urbanismo, movilidad y transporte, recibió 20.812 euros (IVA incluido). Esta sociedad, de la que es socia minoritaria una asesora del gobierno de Ahora Madrid, ha recibido en estos dos años contratos menores por 100.000 euros. Un responsable de la sociedad recuerda que GEA 21 tiene 22 años de actividad y que siempre "se ha atenido a la Ley de Contratos del Estado, que impide el fraccionamiento de la contratación".

La asociación The Archipelago, que ha obtenido 20.570 euros, se dedica a los servicios técnicos de arquitectura. Fue creada el primer día de 2015, aunque sus primeros datos en el registro aparecen el 14 de septiembre de 2016. Tiene su sede en el barrio de Estrecho y este periódico no ha sido capaz de contactar con ella. Tampoco ha sido posible hablar con Urban Prospect, firma dedicada, según su web, a analizar los "problemas de las ciudades y diseñar soluciones a los nuevos retos". La firma, creada en mayo de 2015 pero que cuenta con profesionales de larga experiencia, no ofreció datos sobre el proyecto por el que recibió del Ayuntamiento 20.499 euros.

Ibid Arquitectos, que ganó un contrato de 21.659 euros, se encarga de trabajos de arquitectura, urbanismo y diseño interno. Este medio habló con un portavoz de la firma, quien adelantó que el trabajo realizado para el Ayuntamiento fue "muy técnico", pero tras acordar aplazar la conversación no fue posible volver a contactar con la firma. El último beneficiado por esos contratos de regeneración urbana es un particular, M.P.S., con el que no ha sido posible contactar.

Desde Ciudadanos, partido que se ha interesado en el asunto, advierten de que si se tratase de un caso de fraccionamiento, "no respondería a una adecuada gestión de la economía municipal", afirma la edil Silvia Saavedra.