¿Qué proponen? ¿Qué ofrecen?

Que llevar a término el referéndum anunciado para el 1 de octubre no va a ser tarea fácil, resulta evidente. Que el Estado dispone de vastísimos medios para tratar de impedirlo, también. Máxime cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy parece decidido a utilizarlos todos, sin remilgos democráticos, ni manías formales (la “lectura única” es constitucional en todos los parlamentos excepto en el catalán...), ni escrúpulo alguno en saltarse la división de poderes para lanzarlos en bloque a la batalla, incluido el cuarto, el mediático.

Sin embargo, para entender por qué, en tales condiciones, una porción tan importante de la representación política y de la ciudadanía catalanas mantienen el reto y están dispuestos a llegar hasta el final, me parece imprescindible formularse una pregunta: a cambio de la hipotética renuncia al objetivo de la independencia, ¿qué proponen, qué ofrecen las instituciones y los partidos movilizados en defensa del statu quo? ¿Qué alternativas plantean?

El gobernante Partido Popular no propone nada. Es decir, sí: la capitulación sin condiciones y la aceptación resignada de una menguante autonomía de cartón piedra, de una administración regional asfixiada por la infrafinanciación, la laminación competencial, las sentencias contra la lengua catalana, etcétera. Esta es la alternativa del PP, que el propio Rajoy ya expresó hace años, desde la oposición y sin independentistas a la vista: “las autonomías están para hacer carreteras y poco más...”.

La de Ciudadanos es menos explícita porque no gobierna y, además, quiere desmentir la imagen originaria de partido monotemático antinacionalista catalán. Pero es obvio que los de Rivera están frontalmente en contra de los derechos colectivos (ellos los llaman “privilegios territoriales”), de las demandas “identitarias” (excepto las que defienden la identidad española...) o de las “asimetrías” en la distribución territorial del poder, y suscriben con entusiasmo todos los movimientos represivos de la Moncloa. Sería ilusorio, pues, esperar del partido naranja cualquier iniciativa susceptible de desbloquear el litigio catalán.

Caso distinto es el de Unidos Podemos, como mínimo en el terreno de los discursos. Porque, en el ámbito de la política práctica, la joven organización parece atrapada en contradicciones y conflictos de soberanía orgánica semejantes a los que tensionaron en el pasado el vínculo entre PCE y PSUC o la articulación PSOE-PSC. Por otra parte, la legítima aspiración de Pablo Iglesias Turrión a la hegemonía socioelectoral en España carga de cautelas su posicionamiento ante el independentismo catalán, pese a lo cual el fragor político-mediático españolista trata de aislar a los podemitas como cómplices o lacayos del más abyecto separatismo.

Justo es reconocer que, de las cuatro mayores fuerzas estatales, la que más se ha movido últimamente en la materia que nos ocupa es el PSOE. Pero, ¡a qué precio! A lo largo de las pocas semanas transcurridas desde su 39º Congreso, el concepto de plurinacionalidad —incluido en la ponencia política por impulso de Pedro Sánchez— ha sido objeto de toda clase de sarcasmos y chanzas: las naciones dentro de España oscilarían “entre tres y una docena”; ¿serán naciones León, Murcia, Extremadura? Y sí, claro que “alguien puede darle [a la plurinacionalidad] un tono folclórico de cuarto y mitad de nación”. Etcétera.

Los numerosos socialistas que rechazan la plurinacionalidad y no se resignan al liderazgo de Sánchez han tomado como estandarte de protesta interna el cese de Alfonso Guerra como máximo responsable de la Fundación Pablo Iglesias. Es una bandera significativa: no solo porque Guerra acumulaba 43 años de trayectoria política y 38 de diputado; no solo porque, durante esa trayectoria, ha exhibido una ética digamos que bien poco calvinista (el avión Mystère para ir a visitar a la novia o esquivar las colas fronterizas, los trapicheos fraternales en Sevilla...); también porque, en el gobierno o en la oposición, don Alfonso ha sido siempre un jacobino de caspa y botijo, cepillador de Estatutos y cargado de desdén hacia la identidad catalana. Con tamaño referente, no es de extrañar que el PSOE andaluz y susanista, en su congreso del pasado fin de semana, se haya revuelto contra las innovaciones territoriales de Sánchez. ¡Tiene gracia oír al partido nacionalista andaluz abominando de los egoísmos nacionalistas!

Según explicaba este diario el sábado 29, el objetivo del Gobierno central “es desmovilizar y dividir el voto y al electorado nacionalista”. ¿Y cómo cree Rajoy que es más fácil conseguirlo? ¿Usando la Guardia Civil y las togas como garrote, o bien haciendo alguna propuesta política?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.