La justicia desmonta la organización del referéndum ilegal de Cataluña

La Guardia Civil entró en la sede del Departamento de Economía y Hacienda —dirigido por Junqueras— a las 8.00. Esas oficinas fueron, por la mañana, el epicentro de las concentraciones de protesta que empezaron a formarse apenas una hora después. Los agentes detuvieron allí a cuatro personas: el secretario general y número dos de Junqueras en Vicepresidencia, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; el director de Patrimonio, Francesc Sutrias; y la directora de Servicios de Vicepresidencia, Natàlia Garriga. En la calle, cientos de personas gritaban “votaremos”, “democracia” e “independencia”.

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Las detenciones de altos cargos —tres de ellos quedaron en libertad a última hora de la tarde— y los registros en departamentos y sedes de organismos oficiales de la Generalitat se sucedieron a lo largo del día. Algunos de ellos, como Jové, son figuras clave en la organización de la consulta. La mano derecha de Junqueras fue integrada en el órgano de “coordinación política” en julio, tras la crisis desatada en el seno del Gobierno catalán. Al tremendo golpe judicial de ayer se suman las actuaciones en los últimos días de la Guardia Civil, que se ha incautado de propaganda y notificaciones para la consulta.

La macrorredada supone un mazazo a los planes de la Generalitat de celebrar el referéndum el próximo 1 de octubre. Pese a que la operación se produjo por orden judicial, Puigdemont afirmó que el Gobierno catalán había sido objeto de “una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior” y que la operación estaba “fuera del amparo legal”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insistió en esa misma idea: “Se están practicando registros por motivos políticos”, y recordó a Rajoy que “siempre puede cambiar y debe frenar la estrategia represiva”.

Las declaraciones de Puigdemont y Colau se producen después de que la convocatoria del referéndum provocara una contundente respuesta del Gobierno y de la fiscalía, que dio órdenes a la policía de impedirlo a toda costa. La operación de ayer, sin embargo, no fue ordenada por ningún órgano ejecutivo del Estado, sino por Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Ramírez ordenó los registros, aunque no explícitamente las detenciones, que quedaron al criterio de la Guardia Civil, según un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El juez, en todo caso, tuvo conocimiento de los arrestos, según fuentes judiciales. No consultó a la fiscalía su opinión sobre la práctica de las diligencias, sino que las acordó directamente y le informó de ello, señalan fuentes de la fiscalía.

En febrero, Ramírez admitió una denuncia del abogado Miguel Durán contra el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal. En diversas conferencias públicas que fueron reveladas por EL PAÍS, Vidal había asegurado, reivindicándolo, que el Gobierno había cometido ilegalidades para preparar la consulta. Por ejemplo, que se había apoderado de los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. O que la Generalitat disponía de una partida de 400 millones para el referéndum oculta en los presupuestos.

El partido político Vox, extraparlamentario, se querelló contra el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y el jurista y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, que en ese momento dirigía el Instituto de Estudios del Autogobierno por encargo de la Generalitat. El juez Ramírez Sunyer acabó asumiendo también ese caso y, desde entonces, investiga a una veintena de personas por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. La causa tenía por objeto, inicialmente, comprobar la veracidad de las palabras del exjuez Vidal. Con el paso del tiempo y la práctica de diligencias, se ha convertido en la gran causa contra las llamadas “estructuras de Estado” —los agentes se llevaron ayer, por ejemplo, documentos de la Agencia Catalana de Protección Social— y contra el referéndum ilegal. El juez ha investigado todos estos meses amparado por el secreto de sumario. La Guardia Civil llamó a declarar ya en junio, como testigos, a altos cargos.

Ni diputados ni consejeros

Las detenciones de ayer afectan a altos cargos de la Generalitat, pero en ningún caso a diputados o consejeros del Gobierno. En tal caso, el juez debería haberse inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene abierta, desde el 8 de septiembre, una causa contra Puigdemont, Junqueras y el resto de miembros del Gobierno por la convocatoria del referéndum.

Además del equipo de Junqueras en Economía, fueron arrestados el responsable de la oficina de Asuntos Exteriores, Xavier Puig (Exteriores); el responsable del voto electrónico, Joan Manel Gómez; el jefe de gabinete de la consejera Meritxell Borràs, Joan Ignasi Sànchez (Gobernación); y David Palanques (Trabajo). Estos dos últimos fueron puestos en libertad anoche con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean citados.

Los agentes irrumpieron también en organismos de la Generalitat que son clave para poner en pie las estructuras de Estado y celebrar el referéndum de independencia. Es el caso del Instituto Catalán de Finanzas, la Agencia Tributaria de Cataluña, el Consorcio de Administración de Administración Abierta de Cataluña (AOC), el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la Fundación PuntCat.

Esta fundación es la que gestiona todos los dominios .cat y la que ha gestionado, también, la web oficial del referéndum hasta que Ramírez Sunyer ordenó su cierre. Los agentes detuvieron a Josep Masolivé, responsable de proyectos tecnológicos de la fundación. El CTTI, por su parte, integra los servicios informáticos de la Administración. Dos de sus miembros fueron arrestados: David Franco (puesto en libertad anoche) y Josuè Sallent, responsable de Estrategia e Innovación. Los agentes detuvieron a Sallent en su casa, donde se incautaron de su teléfono móvil y el de su mujer. Tras el registro en su despacho de la empresa pública, abandonó la oficina en coche policial y entre aplausos de sus compañeros.

En despachos y casas

Además de esos 11 cargos públicos, fueron detenidos otros tres ciudadanos por su presunta colaboración con el referéndum. Rosa María Rodríguez (detenida en Madrid) es directora general de servicios de T-Systems, la multinacional que ya trabajó para el Gobierno en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. Mercedes Martínez es apoderada de la empresa de publicidad Fox Box. En una nave de esa compañía en Bigues i Riells, a 42 kilómetros de Barcelona, los agentes hallaron 9,8 millones de papeletas de votación. Pau Furriol, finalmente, es abogado y dueño de la nave donde se hallaron las papeletas. El Colegio de Abogados denunció el registro de su despacho.

En paralelo a las detenciones se efectuaron 41 registros. Seis de ellos, en “despachos ubicados en distintas sedes oficiales” del Govern, según el Tribunal Superior. “El registro se limita”, insistió el tribunal en una nota, “a los despachos de personas que tienen condición de investigadas dentro de la causa”. El tribunal confirmó por la tarde que hubo registros, además, en tres empresas, en “despachos profesionales no oficiales” y en domicilios particulares. Los agentes, en concreto, registraron las viviendas de Santi Vidal y de Carles Viver Pi i Sunyer, que ya tenían la condición de investigados en la causa pero que, hasta ahora, no han declarado.

Con información de Jessica Mouzo, Alfonso L. Congostrina y Camilo S. Baquero.