El independentismo comienza ya a pensar en nuevas elecciones

La última voz de Junts per Catalunya en verbalizar la intención a ultranza de investir a Puigdemont ha sido la de Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza y huida a Bruselas como el expresidente. En declaraciones a RAC1 aseguró ayer que “más valdría ir a unas elecciones” en lugar de la “mala opción” que, en su opinión, sería “pedir perdón y no saltarse ninguna decisión arbitraria del Tribunal Constitucional”.

Mientras, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, reclamó de los partidos independentistas “máxima unidad y generosidad” para poder garantizar lo antes posible la investidura, la formación de Gobierno y la restitución de las instituciones catalanas. El fin parece estar claro para el independentismo, no así los medios para lograrlo.

Esquerra quiere evitar que aflore su profundo malestar con la estrategia de Puigdemont en ser reelegido, pero la situación deja poco margen de maniobra y es imposible acallar las voces críticas. El diputado republicano en el Congreso Joan Tardà planteó hace unos días que, si era necesario, habría que “sacrificar” a Puigdemont y ayer aseguró que “todo el mundo es importante” aunque lo “imprescindible es tener Govern”. El parlamentario sostiene un análisis distinto del de Ponsatí y considera que disponer de un Gobierno permite “recuperar las instituciones para tener poder”, con un fin: “Estar en mejores condiciones para comenzar el último tramo, el que nos tiene que llevar a pasar de una república declarada solo simbólicamente a una efectiva”, añadió Tardá.

El propio Oriol Junqueras planteó el pasado jueves la posibilidad de una presidencia simbólica y otra efectiva para desencallar la situación, pero Ponsatí lo descartó. “No la acabo de entender. Hay un mandato insoslayable del 1 de octubre, ratificado en las elecciones del 21-D, que se ha de hacer efectivo”, aseguró.

La idea de reconocer la legitimidad del expresident con una declaración del Parlament que, según varias fuentes, está negociando el independentismo, quedaría en papel mojado si la recurre el Gobierno y de inmediato la suspende el Tribunal Constitucional.

Contra todo pronóstico, los republicanos fueron superados por Junts per Catalunya en las elecciones del 21 de diciembre por 10.000 votos y dos diputados. De ahí que desautorizar a Puigdemont sería, a ojos del independentismo, deslegitimar la presidencia de la Generalitat de la que fue destituido por el Gobierno del PP. Por eso, el partido de Oriol Junqueras trata de evitar que traspase del ámbito privado el análisis que hacen de la situación y que el propio Puigdemont expresaba en los mensajes captados en el teléfono móvil del exconsejero Toni Comín el pasado día 31. Entre otras frases, el expresident confesaba que su recorrido se había acabado y que era necesario dejar paso a otra persona, pero a las pocas horas de que se hicieran públicos los mensajes insistió en que mantenía su deseo de ser reelegido.

El día anterior a que trascendieran los mensajes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, aplazó el pleno previsto para la investidura de Puigdemont y eso le valió todo tipo de reproches de Junts per Catalunya y la CUP. Y nada sienta peor a una formación independentista que alguno de los compañeros de viaje te califiquen de “traidor”, que es lo que le sucedió en su día a Puigdemont, cuando tenía decidido convocar elecciones y renunciar a declarar la independencia.

Sucedió el 26 de octubre, cuando los republicanos presionaron al entonces president para que disolviera la Cámara, como había anunciado a algunas personas. Ahora se han invertido los papeles. Esquerra muestra un perfil más moderado, mientras que la victoria electoral ha escorado a Puigdemont a posiciones más intransigentes para reivindicarse una y otra vez como el presidente legítimo.

La parálisis de la situación catalana es tal que ni siquiera se saben cuáles son los plazos para investir al presidente y si ha echado a correr o no el de dos meses que prevé el Estatuto o, por el contrario, si se ha parado el reloj parado. Los letrados del Parlament estudian la cuestión desde hace días y no debe de ser fácil dar una respuesta. Se espera que para este martes hayan redactado ya su informe y los diputados sepan a qué atenerse.

Mientras, desde Junts per Catalunya se insiste en que no hay prisa y que la opción de Puigdemont es la única. Su estrategia pasa por recordar que Artur Mas se apartó el último día del plazo previsto ante el veto de la CUP y que los tiempos han de administrarse bien. Las diferencias entre aquel escenario y este, sin embargo, son notables, porque las consecuencias judiciales contra el secesionismo ya se han empezado a visualizar y los republicanos parecen no tener ningún interés en que sus líderes sigan el mismo camino que Junqueras, encarcelado desde el 2 de noviembre.

Entretanto, pasan los meses y Cataluña sigue sin Gobierno. Primero estaba enredada en la redacción de las leyes de desconexión y del referéndum, después en la proclamación de la independencia y ahora en las consecuencias de aquella actuación. La última ley que aprobó el Parlament fue el 20 de septiembre, referida a la Agencia Catalana de Protección Social, lo que había de ser otra estructura del Estado independiente y quedó descafeinada.