Altos cargos de la Generalitat dan parte de sus sueldos a Puigdemont

Desde que Carles Puigdemont decidiera huir a Bélgica hace cuatro meses y fijar allí una estructura denominada ahora “Espacio libre de Bruselas”, la gran incógnita ha sido cómo se financia. Las dudas aumentaron cuando trascendió que el expresident había alquilado una casa en Waterloo por 4.400 euros al mes. Empresarios amigos, altos cargos de la Generalitat y el PDeCAT sufragan el grueso de la operación, según diferentes fuentes próximas a Puigdemont.

Puigdemont vive en Bélgica —primero en Bruselas y ahora en Waterloo—, al igual que los exconsejeros de Cultura, Lluís Puig; de Salud, Toni Comín; de Agricultura, Meritxell Serret; y de Enseñanza, Clara Ponsatí. Desde el primer momento todos han querido recalcar que ni su manutención ni el coste de la estructura de colaboradores que están con ellos corre a cargo de la Generalitat. Ayer mismo Puigdemont reiteró en una entrevista a Rac1 que su estancia no se paga con dinero público: “Lo pagamos nosotros personalmente y gente de su bolsillo, de mi entorno, que pone dinero. Amigos. Hay gente que voluntariamente expresa su solidaridad haciendo posible el sostenimiento, con las limitaciones obvias, del Gobierno en el exilio”, dijo.

Fuentes del entorno de Puigdemont, de su partido (el PDeCAT) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la formación a la que pertenecen Comín y Serret, enfatizan que el Gobierno no hallará ninguna irregularidad en la financiación de su estancia en Bélgica. Estas fuentes coinciden en señalar que el dinero que llega a Bruselas tiene cuatro principales orígenes. En primer lugar, el sueldo de diputado que cobran tanto el expresidente como Comín, que es de 2.800 euros brutos mensuales.

La segunda vía de financiación, la más importante, viene por las donaciones de simpatizantes del independentismo, que se canalizan de diferentes formas. En primer lugar, están los empresarios afines. Desde el PDeCAT y ERC apuntan abiertamente que el primero y más importante ha sido Josep Maria Matamala, el amigo íntimo del expresidente que le ha acompañado en Bruselas desde el primer momento.

Más allá de este empresario gerundense, Puigdemont ha recurrido también, según las mismas fuentes, a donaciones de algunos altos cargos de la Generalitat en ejercicio que le han entregado de manera voluntaria parte de su sueldo. “No se trata de algo generalizado entre todos los cargos del Govern, pero sí de los más allegados a Puigdemont, especialmente en el departamento de Presidencia”, señalan estas fuentes, que no concretan ni los nombres ni la cuantía de los donativos.

Defensa judicial

Los partidos suelen exigir parte del sueldo a sus cargos públicos para financiarse. Desde Junts per Catalunya aseguran que no se pide a los diputados del Parlament que aporten dinero para la manutención de los exconsejeros en el exilio. Algo que, si se hiciera, tampoco tendría nada de ilegal.

La defensa jurídica de Puigdemont y el resto de los exconsejeros es el único aspecto que tiene una fuente clara, la tercera vía de financiación: el PDeCAT confirma oficialmente que se hace cargo de todos los gastos de la defensa judicial, que no son pocos. Además del abogado Alfonso Cuevillas, Puigdemont cuenta con apoyo legal en Bruselas.

Y, por último, paralelamente a las aportaciones del PDeCAT, otra entidad está recaudando fondos, en las llamadas cajas de resistencia, no solo para los exconsejeros huidos sino también para las familias de los exconsejeros que se encuentran en prisión preventiva (Oriol Junqueras y Joaquim Forn). Se trata de la Associació Catalana per la Defensa dels Drets Civil, que recoge aportaciones tanto en forma de cuotas mensuales como de donativos puntuales.

Tanto el entorno de Puigdemont como el PDeCAT dicen estar trabajando en un plan para dar a conocer los detalles de su sistema de financiación y, según dicen, “evitar suspicacias”, al tiempo que señalan la “legalidad” de todas las operaciones.

La puesta en marcha del llamado “Espacio libre de Bruselas”, dentro del cual figura el llamado consejo de la república o parlamento “en el exilio”, también implicará una inyección de dinero. La idea pasa por que funcione como una fundación privada y así pueda recibir donaciones. Esta estructura, sin poder ejecutivo sobre el Govern, busca promover el proceso constituyente y trabajar por la internacionalización del plan separatista, según el documento que la CUP somete hoy a debate. Está compuesto por tres miembros de Junts per Catalunya, tres de ERC y uno de la CUP.