Archivada la denuncia contra el alcalde de Xunqueira de Ambía por explotación de inmigrantes

El titular del juzgado número 1 de Ourense ha archivado la denuncia de la Brigada de Extranjería contra el alcalde de Xunqueira de Ambía, el empresario José Luis Gavilanes, su exmujer y su hijo por un delito de supuesta explotación de inmigrantes ilegales. En el auto de archivo, el magistrado Leonardo Álvarez concluye que no hubo conducta penal por parte de la familia Gavilanes hacia tres inmigrantes senegaleses, sino “un intento de ayudar" dándoles trabajos retribuidos y esporádicos.

Un supuesto matrimonio de conveniencia de uno de los tres inmigrantes desencadenó la investigación policial cuando este declaró que trabajaba en la empresa de transportes de la familia Gavilanes para regularizar su situación en España. Posteriormente la Brigada de Extranjería comprobó que ninguno de los tres senegaleses tenía contrato laboral con la empresa del alcalde, pese a que realizaban diversos trabajos de limpieza y jardinería, por lo que se presentó una denuncia por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

“Ha sido una denuncia precipitada, sin ninguna base indagatoria que nos ha hecho mucho daño”, declaró el alcalde tras conocer el archivo judicial. José Luis Gavilanes ha lamentado que “antes de la denuncia no se haya comprobado la comisión de un posible delito y se haya hecho después de la repercusión mediática que ha tenido este asunto, esto es el mundo al revés”.

Las diligencias se incoaron a raíz de atestado de agentes de Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras sobre la posible contratación ilegal de inmigrantes sin permiso de residencia por la empresa de transporte de viajeros Gavilanes, así como para el Club Ourense Baloncesto, “sin percibir retribución periódica alguna, más allá de serle proporcionado un alojamiento en piso compartido y alguna entrega mínima esporádica de dinero, pero sin llegar a percibir nunca una cuantía mensual en concepto de salario”, según el atestado.

Sin embargo, el juez no halló indicios para sostener la denuncia de una explotación laboral y no ha dado credibilidad al testimonio de uno de los inmigrantes. “Todo lo contrario”, señala el juez en su auto, “en realidad parece que en todo momento se le intentó ayudar", dado que la mujer del alcalde era responsable de Cáritas.

“Ninguna prueba se ha practicado para considerar acreditada la existencia de una relación laboral”, señala el auto, y el hecho de que los estos ciudadanos “se encontrasen de forma irregular en España no puede convertir a los responsables de las conductas investigadas en acreedores de una sanción penal”. Subraya el juez que, a su juicio, ”en ningún momento hubo una relación de naturaleza laboral, únicamente una colaboración ocasional , en una situación que evidencia más un intento de ayudar a ese ciudadano senegalés que no un intento de explotarlo laboralmente”.

“Yo informé en su día a la Subdelegación de Ourense y el Parlamento nacional de la situación de esta gente que viene huyendo de sus países de origen, pero nunca pensé que el sistema cayese implacable sobre nosotros que lo único que hicimos fue ayudar a sobrevivir a unas personas sin comida ni techo”, añadió José Luis Gavilanes.