Contratos menores: realidad y ficción

No ha habido semana de esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid en la que algún medio o partido de la derecha no haya introducido dudas y sospechas sobre la contratación menor municipal. Digo esta legislatura y esta institución porque ni antes se hablaba de esto aquí, ni ahora se habla de esto en otras administraciones. Conviene, por tanto, explicar las magnitudes de las que hablamos y los cambios normativos introducidos por este equipo de Gobierno.

En 2011 hubo 5.898 contratos menores sobre un presupuesto de 4.760.202.678 euros, lo que representa un 0,55% del mismo; los 4.486 contratos de 2016 supusieron el 0,51% del presupuesto (5.179.108.667), cifra que se rebaja en 2017 a 4.497 contratos menores, el 0,47% del presupuesto (5.254.208.353).

Desde mediados de 2015 hemos introducido destacadas mejoras en la transparencia y el control de la contratación. Antes, con el PP, el único dato que daba el Ayuntamiento era el importe total que sumaban los contratos menores en cada área. Con Ahora Madrid, ya en 2016 empezamos a facilitar información sobre cada contrato, su objeto, su adjudicatario, su importe y el órgano de contratación que tramita cada expediente. En 2017 aprobamos la Ordenanza de Transparencia más avanzada de España y los contratos menores empiezan a aparecer en el Portal de Transparencia y en el Registro de Contratos, y se fiscalizan en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, novedad respecto a etapas anteriores.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público introduce cambios interesantes y necesarios: rebaja la cuantía de los contratos menores (de 50.000 a 40.000 en el caso de las obras; y de 18.000 a 15.000 en los de servicios) e introduce una nueva regla, denominada doctrinalmente regla de incompatibilidad, que impide adjudicar sucesivos contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario de anteriores contratos menores, cuando con ello se superen las cuantías máximas que limitan este tipo de contratos.

A todos estos controles, restricciones y mejoras normativas se suma la creación de la Oficina Antifraude, que preside Carlos Granados, dirigida a prevenir el fraude y la corrupción. Además de la puesta en marcha del nuevo modelo de control interno, que entrará en vigor este año y permitirá un desempeño mucho más eficaz desde la Intervención General del Ayuntamiento.

No aspiro con estas líneas a evitar que la derecha política y mediática siga haciendo demagogia con este asunto, solo pretendo introducir algo de claridad para el lector que se sienta confundido ante tanta desinformación y, en todo caso, ofrecerme para participar en cualquier espacio de debate público sobre un asunto del que este equipo de Gobierno se siente muy orgulloso.

Jorge García Castaño es delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid