La Fiscalía pide el archivo del ‘caso Mercamadrid’ contra Dancausa y otros excargos

La Fiscalía solicitó este lunes al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que archive el caso Mercamadrid, que involucra a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por un supuesto delito societario, al no haberse producido ningún perjuicio patrimonial en una operación de alquiler de terrenos a la sociedad Mercaocio. Dancausa, que fue presidenta de la empresa pública Mercamadrid, acusó este lunes a los ediles Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato de haberle ocultado a la Fiscalía información sustancial sobre la operación. Se trató de un "montaje", dijo, y estudia querellarse contra ellos por daño al honor y difamación.

Concepción Dancausa (PP) atacó a los ediles de Ahora Madrid que en 2015 presentaron en la Fiscalía Provincial un informe que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos de Mercamadrid. El documento, de 28 folios, dio lugar en 2017 a una denuncia de la Fiscalía, la misma que este lunes retiró.

Aquel informe consideraba "desproporcionado y abusivo" el contrato firmado entre Mercamadrid y Mercaocio para cederle a esta última sociedad una parcela, y apuntaba a un "importante perjuicio patrimonial" para la empresa municipal, además de un "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio. La Fiscalía Provincial hizo suyo el documento y presentó una denuncia contra las 16 personas que formaban parte del anterior consejo de Mercamadrid por presunto delito societario.

Entonces, la Fiscalía Provincial acusó de presuntas irregularidades a la expresidenta de Mercamadrid, Dancausa; a las exvicepresidentas, María Jesús Prieto Jiménez y María Dolores Fernández Cerdán, y a los vocales Manuel Beltrán Pereira, José Antonio Crespo, Pablo del Amo, Pablo Manuel González González, Marta Fernández-Pirla, José Enrique Núñez, Silvia Llerena, José Ignacio Ortega Cachón y Manuel Troitiño. La tesis de la acusación planteaba un "menoscabo patrimonial" para la empresa pública en una complicada operación de arrendamiento de terrenos. Se trataba de un acuerdo de casi 700.000 euros en concepto de cánones por superficie y gastos derivados del impago, por los que, según la acusación, Mercamadrid acababa pagando, en lugar de cobrar.

Dancausa declaró en noviembre en calidad de imputada. Entonces defendió su inocencia y aseguró que la operación fue "buena". Además, sostuvo que la Fiscalía no había comprobado hechos esenciales que habrían permitido ver que "no existía ninguna irregularidad". Achacó ese problema a la actuación del gobierno municipal de Manuela Carmena, que, en su opinión, había ocultado informaciones esenciales en el documento que remitió a la Fiscalía.

Este lunes, el ministerio público acabó asumiendo como veraz la tesis de la delegada del gobierno. La operación investigada, explica en su escrito, fue, en realidad, una operación "a tres bandas", en la que también estaba implicada la empresa pública Mercasa. Era esta la sociedad que tenía que pagar el contrato de arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Mercaocio. Y que el "supuesto menoscabo patrimonial se ocasionó por el hecho de que finalmente el subarrendamiento a Mercasa se frustró". Por ello, la Fiscalía excluyó irregularidades administrativas y solicitó el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones abiertas contra el consejo de administración de Mercamadrid de 2013.

Nada más conocer la decisión del fiscal, Dancausa atacó al equipo de gobierno de Ahora Madrid, formado por Podemos, IU, Equo y Ganemos, que, dijo, actuó para desacreditar su imagen pública a través de un "montaje" judicial. Cuando se dio a conocer que la Fiscalía Provincial había presentado su denuncia, Mato e Higueras no tardaron en pedir la dimisión de la delegada del Gobierno. Esta seguía defendiendo su inocencia y este lunes les contestó: "Después de 40 años en la Administración, jamás he tenido problemas ni denuncias, y no voy a consentir que estas personas manchen la reputación que he tratado de mantener toda mi vida de manera rigurosa".

"Omitir datos esenciales"

"En política no todo vale", remarcó la delegada del Gobierno. Acto seguido, anunció que estudiará emprender acciones judiciales contra Higueras y Sánchez Mato por "difamación" y por, supuestamente, "omitir datos esenciales" en el informe que entregaron a la Fiscalía Provincial de Madrid en 2015. "Ha quedado acreditado que plantearon una denuncia que ocultaba datos esenciales a la Fiscalía y que, por tanto, no debería tener un resultado cierto, como ha sucedido ahora".