Colau consigue que se queden en casa el 16% de las familias en riesgo de desahucio

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está haciendo un esfuerzo insólito por luchar contra los desahucios en la ciudad. Al llegar al poder en 2015, tras crear en 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creó la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), un equipo específico para evitar que los vecinos pierdan sus viviendas. Pero aún así y con un trabajo de mediación con los propietarios y una inversión en ayudas al pago del alquiler insólita, el porcentaje de desahucios que logró evitar la UCER en 2017 fue modesto, del 16%: 218 familias que pudieron permanecer en sus viviendas de un total de 1.362 casos resueltos.

En otro 26% de los casos, el Ayuntamiento consiguió alguna "solución residencial": se les adjudicó un piso de la conocida como mesa de emergencias; accedieron a recursos temporales (viviendas de inclusión, pensiones o equipamientos municipales); o fueron realojados en una vivienda de la bolsa de mediación. El resto de familias, un  58%, la situación se resolvió con una combinación de ayudas sociales municipales y las que los propios afectados encontraron (acabaron alquilando a precio de mercado, se trasladaron a casa de familiares o fuera de Barcelona). "En cualquier caso", ha aclarado el gerente del área de Vivienda, Javier Burón, se continúa haciendo un seguimiento de estas familias". "En 2017 se resolvieron un 77% más de casos que en 2016, no somos autocomplacientes, pero hay una disminución", ha apuntado Colau.

Colau y su gobierno mantienen que la vivienda es su prioridad. Por su trayectoria y porque la ciudad está inmersa en una crisis por el alza de los precios del alquiler que está expulsando a muchos vecinos de sus barrios. En este sentido, la alcaldesa ha insistido este martes durante la presentación del balance de la UCER en que el esfuerzo de su equipo es pionero y que la política en materia de vivienda "es un cambio de paradigma, pese a tener competencias y recursos limitados".

La alcaldesa ha cargado contra la Generalitat: "No nos pueden dejar solos, esto no es sostenible", ha manifestado tras asegurar que en espacios como la mesa pisos de emergencia el consistorio aporta el 77% de los recursos y el gobierno catalán solo el 23%. También ha recordado que el Gobierno central ha recortado un 77% los fondos destinados a vivienda.

Las cifras presentadas indican que los procesos judiciales por desahucio han caído en la ciudad un 22% desde 2014 (el último del mandato del ex alcalde Xavier Trias), mientras la actuación municipal se ha casi cuadruplicado. En 2017 la UCER atendió a 2.351 familias nuevas (un 50% más que en 2016), que alcanzaron las 3.268 si se suman casos de los años anteriores.

Colau ha querido subrayar varias cuestiones que constata la UCER en su día a día. En la mayoría de casos, se trata de familias en las que hay menores, lo que eleva el listón de la complejidad. Además, en 80% de los casos los afectados se dirigen a una oficina de vivienda, lo que significa que no está funcionando correctamente el protocolo firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debería avisar a los servicios sociales municipales con anterioridad.

Y otra cuestión que ha señalado la alcaldesa es que los grandes tenedores (empresas o entidades financieras) son los propietarios de la mitad de casos que atienden. "No son propietarios que necesitan las viviendas para vivir sino para especular", ha reprochado y ha añadido que negociar con estas propiedades "es mucho más difícil". Los casos en los que las familias pueden quedarse en sus viviendas son precisamente en su mayoría de pequeños propietarios, ha destacado la alcaldesa.

"Llevaremos los desahucios al ministerio"

La alcaldesa ha arremetido contra la ley impulsada por el PDeCAT y que previsiblemente apoyarán esta tarde PP, Ciudadanos y el PSOE "para acelerar el desahucio exprés sin distinguir ni familias ni propietarios". "Mientras las ciudades pedimos garantías para los inquilinos con una reforma de la LAU, que se limiten las subidas del alquiler, apoyamos iniciativas para forzar que los pisos vacíos se destinen al alquiler social... en vez de esto todo son obstáculos y el Gobierno se plantea acelerar el desahucio", ha exclamado.

"En vez de dar pasos adelante el Gobierno da pasos atrás para facilitar a los especuladores para generar una nueva burbuja", ha dicho y ha amenazado, sin concretar, con "tomar medidas excepcionales, como llevar los casos de desahucio ante el señor ministro de Fomento para que no pueda mirar hacia otro lado". "No es que tenga un plan secreto", ha añadido, pero ha venido a decir que la administración que legisla es la que más lejos está de la realidad de las familias desahuciadas. "Los ayuntamientos vamos a defender a las familias", ha zanjado.