Anticorrupción investiga el supuesto intento de soborno a una tránsfuga de Alicante para apoyar al PSPV

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha abierto una investigación por el supuesto intento de compra del voto de la concejal tránsfuga Nerea Belmonte, revelado por ella misma en un pleno municipal. Belmonte sostiene que un partido de izquierdas le ofreció un sueldo de 3.500 euros y un puesto en sus listas a cambio de apoyar a la candidata socialista a la alcaldía alicantina, Eva Montesinos. Sin embargo, ella rechazó la oferta y votó en blanco, lo que permitió al PP recuperar el pasado abril el gobierno municipal, en detrimento del PSPV-PSOE.

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A raíz de la denuncia presentada por dos particulares, la Fiscalía ha incoado ahora unas diligencias para determinar si ese ofrecimiento, de existir, constituye un intento de soborno (cohecho, en términos legales) o bien se enmarca en las negociaciones políticas de carácter lícito previas a un pleno de investidura, según fuentes del Ministerio Público.

La corporación alicantina cambió de gobierno el pasado 19 de abril. Montesinos aspiraba a suceder al exalcalde socialista Gabriel Echávarri, quien había renunciado al cargo al estar procesado por prevaricación en dos causas judiciales. La candidata obtuvo el apoyo de 14 concejales y se quedó a solo uno de la mayoría absoluta. El candidato popular, Luis Barcala, se hizo entonces con el bastón de mando por imperativo legal, al representar a la lista más votada, con ocho regidores, surgida de las últimas elecciones municipales.

Los partidos de izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant), acuñaron el término de “belmontazo” para describir lo ocurrido en ese pleno. Sin embargo, una semana después, el 24 de abril, durante el primer pleno dirigido por el nuevo alcalde del PP, Belmonte respondió a esas insinuaciones con la revelación que ahora investiga la Fiscalía.

La concejal tránsfuga, expulsada de Podemos y de Guanyar en 2016, dijo que había recibido un ofrecimiento, “pero no del PP”, sino de una formación situada en la bancada progresista de la corporación que no quiso concretar. “No tiene que mirar muy lejos”, espetó, de forma un tanto enigmática, al líder de Guanyar (confluencia de Izquierda Unida y Podemos), Miguel Ángel Pavón.

Belmonte evitó dar nombres pero sí dejó claro que la oferta, consistente en un sueldo mensual de 3.500 euros y un puesto en las listas para las próximas elecciones municipales, buscaba su apoyo a la investidura de la candidata socialista. Desde entonces, Montesinos, que ejerce ahora de portavoz del grupo del PSPV-PSOE en la oposición, ha negado reiteradamente que el ofrecimiento a la tránsfuga partiera de sus filas.

Nerea Belmonte ocupó la Concejalía de Acción Social, como integrante del tripartito de izquierdas que gobernaba entonces la ciudad, hasta 2016, cuando fue expulsada de Podemos y de Guanyar Alacant por adjudicar a dedo contratos menores a una empresa de comunicación de dos amigos. Como ya había hecho durante la sesión de investidura, en el pleno posterior, celebrado el día 24, la edil culpó a Pavón de que ella hubiera votado en blanco por no querer restituir su “honor” y sus “derechos tanto políticos como económicos”.

Dos ciudadanos vinculados a los movimientos vecinales, Francisco Jesús García y José Luis Valdés, decidieron denunciar a finales de la pasada semana las revelaciones de la tránsfuga. Los denunciantes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción tras considerar muy graves las manifestaciones de Belmonte y constatar, pese a ello, que ningún partido había tomado esta iniciativa.

Valdés ya presentó hace unos meses una denuncia contra Echávarri por el despido de una funcionaria interina, hechos por los que el exalcalde socialista está procesado y se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 10 años de inhabilitación. La denuncia por las declaraciones de Belmonte ha sido asignada al fiscal Felipe Briones, que tiene seis meses de plazo para realizar indagaciones y determinar si archiva el caso o lo remite a un juzgado de Instrucción.